El Poder Ejecutivo envió un paquete de siete proyectos de ley con carácter de urgente al Congreso de la República. Entre ellas, está la iniciativa de reforma constitucional para promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública, que plantea que las personas que tengan acusaciones penales por la comisión de delitos de femicidio, homicidio calificado, lesiones graves, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, secuestro, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la dignidad humana genocidio, desaparición forzada, tortura, organización criminal, delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, colusión, peculado, corrupción de funcionarios y terrorismo, estén impedidos a postular a cargos de elección popular.
En ese marco, las personas que tengan sentencia en primera instancia en calidad de autor o cómplice de delito doloso o acusación por los delitos anteriormente mencionados, no puedan ejercer cargos de ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, jueces y fiscales supremos, así como ejercer cualquier cargo público de confianza.
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Por otro lado, se presentó la iniciativa para promover la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de orfandad a través de la asistencia económica y acciones de acompañamiento para cubrir la alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación y otras necesidades asociadas a su desarrollo integral.
La masificación del gas es otra de las promesas de gobierno que quieren hacer posibles a través de un proyecto de ley, que plantea que los proyectos de masificación del gas natural sean financiados con fondos del FISE. Adicionalmente, se prevé crear el Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, cuya finalidad es nivelar los precios finales para el acceso del público.
Además, se plantea que las promesas, ventaja o beneficio indebido que constituya conducta sexual o acto de connotación sexual sea un agravante en los delitos de corrupción de funcionarios. Se busca visibilizar a la población vulnerable de estas conductas.
En tanto, otra iniciativa busca establecer prohibiciones e incompatibilidades en el sector público y privado a fin de fortalecer la lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública, a través de la identificación, prevención y mitigación de los conflictos de intereses.
Finalmente, se presentaron proyectos para regular la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la investigación del cohecho nacional, trasnacional y otros delitos; y la ley que modifica el código penal, el código procesal penal y la ley de actualización de la Ley profesionalización del contador público y de creación de los colegios de contadores públicos, conforme a recomendaciones internacionales.
