Con su decisión de cerrar unilateralmente el Congreso, Pedro Castillo pasa a liderar un gobierno ilegal e inconstitucional.
Su pretensión de gobernar mediante decretos ley y convocar a elecciones para nombrar un Parlamento con atribuciones de Asamblea Constituyente terminará con él y sus colaboradores en la cárcel, ojalá lo más pronto posible.
La renuncia en los minutos previos al anuncio del comandante general del Ejército, Walter Córdova, anticipó las circunstancias. En estos momentos, queda en las Fuerzas Armadas hacer respetar la Constitución y se espera el pronunciamiento en respaldo de la Constitución del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre.
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Al momento de escribirse este editorial, a las 12:30 del mediodía, no se observan movimientos militares y sería de esperar que, de darse, solo sean para garantizar el funcionamiento del Parlamento.
Mientras renuncian los ministros del Gabinete que fueron los principales escuderos de un mandatario profundamente inepto y presuntamente corrupto, se espera que impere el legítimo orden democrático en el Perú.
Más allá de los gravísimos hechos que comprometen a Castillo y los miembros de su entorno, lo cierto es que gozaba de un margen de maniobra política mucho más amplia del que merecía. Las dos mociones de vacancia anteriores fracasaron y, aunque en las próximas horas es casi seguro que cambien las circunstancias, en la mañana del 7 de diciembre había poca seguridad de que se tuvieran los 87 votos necesarios para vacarlo esta vez. El anuncio de Perú Libre de votar en bloque contra la iniciativa le dejaba muy pocas probabilidades de éxito.
Ha sido un mes desde que el gobierno de Castillo anunció su estrategia con la clara intención de cerrar el Congreso. Así comenzó su suicidio político, pues lo único que garantizaba su permanencia en el poder era que el Legislativo siga en funciones, pues lo único que querían un buen número de sus integrantes era quedarse. Así de simple.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional le advirtió a Castillo que, mientras que resolvían la demanda competencial presentada por el Congreso, se concedía la medida cautelar por la que no podría interpretarse que se había rechazado la deficiente cuestión de confianza presentada por el exPCM Aníbal Torres. No se había disparado ninguna bala de plata, lo que refuerza la inconstitucionalidad e ilegalidad de la decisión de hoy.
Una muestra más de la total falta de capacidad, ignorancia y entraña antidemocrática que ha caracterizado durante año y medio la gestión del ahora expresidente. El mismo que hoy leyó su mensaje con las manos temblorosas.
