El sorpresivo anuncio de inmovilización ciudadana en Lima y Callao decretado a la medianoche por el presidente Pedro Castillo en respuesta a la ola de protestas sociales echará más leña al fuego. La mecha encendida con los paros de transportistas y agricultores solo promete prenderse más.
La Defensoría del Pueblo demandó el cese inmediato de la medida que considera inconstitucional por la falta de una debida motivación y su absoluta desproporcionalidad con relación a las protestas registradas en la capital.
Según la Defensoría, la orden de inmovilización supondrá un “severo impacto” para los trabajadores que, como lo han registrado las cámaras de los noticieros, peregrinan para encontrar medios de transporte que los lleve a sus lugares de labores. Tras las traumáticas consecuencias de la pandemia, la necesidad de ganarse la vida en el día a día ha sido exacerbada para un gran sector del país y la indignación es palpable.
De un momento a otro, Castillo decidió paralizar la capital en lugar de administrar las protestas y contenerlas de ser necesario. En Lima Metropolitana no se anunciaron nuevas movilizaciones y los rumores de saqueos propalados el día anterior por las redes sociales resultaron falsos. Es cierto, a pesar de ello, que las autoridades deben estar preparadas para enfrentar los desmanes y la posible infiltración vandálica que se ha observado en varios puntos del país. Pero eso es lo que hace un Estado que ha cuidado el nivel de sus funcionarios.
¿Cuál es el reporte de inteligencia que advierte de la preparación de “saqueos generalizados” en Lima? La Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) ha pasado por tres autoridades distintas en tres semanas. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) va de tumbo en tumbo desde que inició la administración del profesor Castillo. CARETAS también dio cuenta de los problemas en la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN).
Tal degradación refleja lo que ocurre en el resto de la administración pública. Así se allana el terreno para que las demandas sociales estallen todas juntas. La invasión contra Ucrania afecta la economía global pero no en todos los países latinoamericanos se han volcado a las calles. El desgobierno ha promovido el desmontaje de los sectores más profesionales del Estado. No solo como se pudo constatar en el Ministerio de Salud. La inacción, ineptitud y corrupción denunciadas en despachos como los de Transportes y Comunicaciones, Agricultura e Interior ya pasan su gigantesca factura. Los mensajes erráticos y hostiles a la inversión privada, también. En lugar de promover el empleo, el Gobierno se ha pasado meses incentivando la informalidad. Y ahora hasta sus aliados ocasionales se le voltean con furia.
