Equiparar la actual situación a la del 5 de abril de 1992 resiste poco análisis.
Aquella vez, Alberto Fujimori cerró el Congreso de la República sin una justificación constitucional. El decreto de disolución incluyó la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público. Los tanques salieron a las calles y se detuvo a los miembros de la oposición. Fue el comienzo de una dictadura.
Esta vez el Congreso ha sido disuelto tras la censura de dos gabinetes, como lo establece la Carta Magna, aunque la denegatoria de la segunda cuestión de confianza esté envuelta en la controversia y se mueva al filo de la constitucionalidad.
En lo que va de este quinquenio ya se había pasado por la renuncia forzada del presidente de la República y la relación completamente disfuncional entre Ejecutivo y Legislativo, además de una crisis todavía en marcha que tiene a buena parte de la clase política acusada de corrupción. Un ex presidente ha pasado por un período de prisión preventiva, otro se suicidó antes de pisar la cárcel, el que renunció tiene arresto domiciliario y la jefa de oposición, que en buena medida es responsable de la situación actual del país, se encuentra actualmente recluida.
En medio de esa imparable turbulencia, los poderes del Estado han operado con independencia y los contrapesos propios de una democracia, a pesar de déficits preocupantes como la inexistencia del Consejo Nacional de la Magistratura y su aún no implementado reemplazo, la Junta Nacional de Justicia.
La mayor similitud entre 1992 y el 2019, es la altísima aprobación ciudadana a la disolución del Congreso. La exhalación colectiva escuchada la tarde del lunes pudo ser la reacción por un gol de la selección peruana. Y ese es el canto de sirena al que el presidente Martín Vizcarra tendrá que hacer oídos sordos.
Vizcarra debe ser el primer interesado en que no quede duda de la constitucionalidad de la medida. Como se explica en estas páginas, el Tribunal Constitucional, al que la OEA llama a zanjar la situación, no se pronuncia usualmente de oficio. El presidente del Parlamento disuelto, Pedro Olaechea, prepara una demanda de competencia ante esa corte, pero al mismo tiempo la acusa de ser adicta al gobierno. El país requiere de un pronunciamiento claro al respecto por parte del árbitro constitucional.
La propuesta original de Vizcarra fue la de un adelanto general de elecciones. Por el contrario, se ha producido el indeseable escenario advertido desde el inicio por CARETAS: acudir a las urnas para elegir un Congreso que estará en funciones poco más de un año. El presidente debe explorar la forma de volver a su intención primera de acortar también su mandato. Caso contrario, la agenda del gobierno y la del Congreso de escasa duración e incierta calidad debe afinarse para llevar a buen puerto la reforma política y judicial en torno a la cual Vizcarra emprendió su enfrentamiento con el Congreso. De no ser así, le dará la razón a los críticos que lo acusan de fabricar una crisis con trasfondo populista.
Vizcarra tomó una decisión que se mueve en el tenue límite de la audacia y la temeridad. De aquí en adelante, deberá hacerse auténticamente responsable por ella.
