El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-JP), presentó un proyecto de reforma constitucional que apunta a ampliar las causales por las que puede acusarse a un presidente de la República en ejercicio.
Mediante una reforma al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se busca que los jefes de Estado puedan ser acusados por pertenecer a una organización criminal, delitos de corrupción y delitos contra la humanidad.
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De ser aprobado, esto se sumaría a lo ya contemplado en dicho artículo de la carta política, que establece que un mandatario puede ser acusado por disolver el Congreso inconstitucionalmente, impedir las elecciones y el funcionamiento de los organismos electorales.
En la exposición de motivos, se señala que, si bien las crisis políticas en las que se cuestionaba a la máxima autoridad del país, se resolvieron mediante la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”, este proceso sortea el procedimiento de acusación constitucional y no resuelve el problema de fondo, es decir, la acusación a un jefe de Estado en funciones.