Según el instrumento de monitoreo de la Defensoría del Pueblo ha logrado reportar 8 nuevos conflictos sociales ocurrido durante el mes de octubre, que se suman a los 198 casos que ya existen en el país.
La mayor cantidad de estos problemas se vienen desarrollando en tres regiones: Loreto que cuenta con 29 casos, seguido de Cusco con 18 conflictos y Áncash con 16 problemas sociales.
A través de la adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad son 148 los conflictos activos y 50 latentes. De ellos, el 62.6% recae en el Gobierno Nacional, el 25.3% en los gobiernos regionales, el 9.6% en los gobiernos locales, 1.5% en el poder judicial y 0.5% en el poder legislativo.
De ellos, se han reportado 242 protestas, con al menos 10 heridos, mientras 90 casos se encuentran en proceso de diálogo.
Del total de conflictos sociales, 75.6% son de tipo socioambiental. De ellos, la mayoría son de Minería (65.1%) e Hidrocarburos (19.4%). A pesar de esas circunstancias y en plena crisis del corredor minero en el sur del país, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el presidente Pedro Castillo, autorizaron el viaje del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, a la ciudad de Houston, en Texas (Estados Unidos), para encabezar la delegación peruana que participa del 23rd World Petroleum Congress (Congreso Mundial del Petróleo), que se realiza desde del 5 hasta el 9 de diciembre.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo alerta sobre el posible surgimiento de 28 posibles conflictos sociales, por lo que recomienda a las autoridades atenderlas con anticipación y evitar el estallido social.
Los nuevos conflictos sociales se registran en:
ÁNCASH
La comunidad campesina de Aquia, en la provincia de Bolognesi, demanda la instalación de una mesa de diálogo con la participación de representantes del Estado y la Compañía Minera Antamina, para la resolución de las demandas relacionadas a los permisos de uso de su territorio para la instalación de un mineroducto y otras instalaciones por parte de la empresa minera y los posibles impactos ambientales que estos generarían en su comunidad.
HUANCAVELICA
En el distrito de Córdova, provincia de Huaytará, la comunidad campesina San Pedro de Ocobamba demanda el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa minera Sierra Antapite S.A.C. Asimismo, denuncian la contaminación ambiental (agua, aire y suelo) por las actividades desarrolladas por la empresa.
HUÁNUCO
En el distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado, la población del sector de Shapajilla demanda el adecuado uso de las celdas transitorias para el tratamiento de residuos sólidos, instalación de paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua, apertura de un camino vecinal y construcción de un relleno sanitario.
LIMA
En el distrito de Oyón, la comunidad campesina de Quichas demanda nuevos acuerdos sobre el pago por el uso de sus terrenos por parte de la compañía minera Raura.
LORETO
En el distrito de Napo, en Maynas, las comunidades nativas de la cuenca del río Curaray se suman a los reclamos del “Paro Amazónico” y presentan demandas locales, en los que se pide la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de saneamiento básico (agua y desagüe) de expedientes técnicos ya aprobados, así como el acceso a la energía eléctrica durante las 24 horas del día, la presencia de servicios públicos prestados por el Banco de la Nación y Reniec en la propia localidad, así como la categorización del distrito El Napo a provincia, entre otros.
MOQUEGUA
En el Distrito de Puquina, provincia de General Sánchez Cerro, la comunidad campesina de Salinas Moche exige la paralización de operaciones de la empresa Minera Inkabor hasta llegar a un acuerdo y que se establezcan los límites de territorio, así como el pago por el uso de tierras y la revisión de convenios entre las partes.
PIURA
En el distrito de La Huaca, provincia de Paita, los ciudadanos demandan la intervención de las autoridades competentes para atender la problemática ocasionada por la quema de cultivos en el Fundo del mismo nombre, propiedad de la empresa agroindustrial Caña Brava. Esta actividad afectaría la salud de la población local y el medio ambiente.
PUNO
En el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, los agricultores cocaleros reclaman al gobierno nacional el cese de la erradicación de hoja de coca por parte del personal del proyecto especial CORAH y la reanudación de la mesa técnica con autoridades del gobierno nacional.
Como se sabe, la poca presencia del Ejecutivo para atender estas emergencias ha provocado el cierre inminente de cuatro mineras en Ayachucho, el anuncio cese de operaciones de la minera Las Bambas en Cusco y la advertencia de cierre de la petrolera Petrotal en Loreto.
