El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), presentó un proyecto de reforma constitucional que propone la incorporación del artículo 34-B y 35-B a la carta política para establecer el impedimento de los deudores del Estado a ser designados como funcionarios públicos o electos como autoridades.
Así, las personas que tengan deudas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria al momento de la elección en calidad de persona natural, accionista o gerente general de una persona jurídica no podrán postular a cargos públicos.
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Tampoco podrán participar de las elecciones quienes se encuentren en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci), así como los deudores que estén en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y los deudores morosos de los programas y créditos con el Estado.
Los ciudadanos que cumplan con estas características, tampoco podrán ser designados en puestos de confianza, de aprobarse la norma en el Parlamento.
