Yenifer Paredes Navarro, hermana de la primera dama, es cuestionada por la difusión de un video en el que aparece ofreciendo obras en el distrito chotano de Chadin en setiembre del 2021.
La joven de 27 años, considerada “la hija mayor” de la pareja presidencial, estuvo acompañada del gerente de JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, Hugo Espino Lucanas, e incluso se le vio vestir un chaleco con el logotipo de la empresa, misma que ganó contrató con el Estado hasta por S/ 3,8 millones.
Tal es la gravedad de lo expuesto por Cuarto Poder, que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, indicó que citará a la cuñada del presidente Pedro Castillo, a fin de que explique lo sucedido.
El abogado penalista, Jorge Zúñiga Escalante, consideró en diálogo con CARETAS, que Paredes Navarro puede ser acusada de tráfico de influencias. “El Código Penal sanciona a aquella persona que teniendo o manifestando tener influencias pretende obtener un beneficio económico a cambio de una promesa de un beneficio de la administración pública”. En caso de hallarse responsabilidad, podría ser sancionada con una pena privativa de libertad de cuatro a seis años.
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Asimismo, observó que de comprobarse que la joven actuaba en vinculación con la familia presidencial, podría hablarse de colusión simple. En este caso, la sanción sería entre tres y seis años de pena privativa de libertad.
Por otro lado, señaló que, en caso de que la “hija mayor” de la pareja presidencial hubiese ofrecido la obra en nombre de la empresa y no del Estado, habría incurrido en delito de “corrupción en el ámbito privado”, caso en el que JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC tendría que evidenciar que la promesa les generó afectación en su patrimonio.
Zúñiga explicó que si se demuestra que el proceder de Yenifer Paredes es un “modus operandi” en el que se captaría a empresas que quieran conseguir obras, podría investigarse por organización criminal.
Finalmente, el jurista recordó que la familia del presidente no cuenta con ningún tipo de protección legal, a diferencia del mandatario, quien es protegido por el artículo 117 debido a su alta investidura. En consecuencia, los miembros del clan Castillo-Paredes pueden ser investigados, acusados y procesados como cualquier otro ciudadano.
