La invocación de la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo de realizar los filtros necesarios para el nombramiento de altos funcionarios parece que no se escucha para nada en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y esto se evidencia con algunos casos firmados por el ministro Geiner Alvarado López.
El 16 de setiembre, según la Resolución Ministerial 289-2021 publicada en el diario oficial El Peruano, se designó a Uberlinda Zevallos Flores como directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Zevallos Flores no registra algún perfil profesional que acredite su experiencia para el cargo. Sin embargo, lo que sí hemos podido hallar es su militancia en el partido Perú Libre. De hecho, ella fue la jefa del comando de campaña de la base Santa Anita de la agrupación del lápiz durante la primera y segunda vuelta de los pasados comicios generales.
El pasado 4 de julio, Zevallos Flores realizó un reconocimiento a su equipo por el trabajo realizado durante la campaña del presidente Pedro Castillo. En la cita, además, participó el actual congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien acompañó a la base distrital en charlas y caminatas por Santa Anita.
Antes de asumir su cargo en el Ministerio de Vivienda, Zevallos participaba y coordinaba activamente el recojo de firmas en Santa Anita de la iniciativa de Perú Libre que plantea un referéndum, cuya única pregunta a la ciudadanía será si debe instalarse una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
Hay que mencionar que Zevallos Flores fue expulsada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2004. De acuerdo a la Resolución Rectoral N° 0018, Oscar Casas Dávila, exjefe de la Oficina Central de Logística de la UNI, la identificó como una de las incitadores y otros actores de los desórdenes y destrozos ocurridos en esa casa de estudios el 13 de setiembre de aquel año.
Por esa época, Zevallos estudiaba la carrera de Ingeniería Civil.
Señalado por Contraloría
El caso de la dirigente de Perú Libre no es el único. El 13 de setiembre, según la Resolución Ministerial N° 279-2021, el Ministerio de Vivienda designó a Fernando Alarcón Díaz como director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la cartera.
Alarcón Díaz aparece en cinco informes de la Contraloría por haber cometido varias faltas que merecieron sanciones administrativas, así como acciones civiles y hasta penales.
Por ejemplo, el 31 de agosto de 2017, la Contraloría reveló el resultado de la auditoria a los trabajos de mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Morro Same, en la región Tacna, por parte de Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).
El informe 014-2017-2-4380 detalla que Alarcón Díaz —entonces secretario general de Fondepes— firmó la resolución administrativa para la contratación de una empresa que supervise la la obra. Pero el problema es que la escogida habría presentado información falsa para ganar la buena pro. Por esa razón, la Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra Alarcón por perjudicar a su entidad.
De otro lado, el 28 de diciembre de 2017, la Contraloría General reveló el resultado de la auditoria a, al igual que en Tacna, los trabajos de mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancora, en el distrito de Talara (Piura).
El informe 003-2017-2-4380 menciona que Alarcón Díaz favoreció al consorcio formado por los ciudadanos Limberg Luque Ortiz y Gonzalo Cáceres Valdivia sin haber advertido sobre las irregularidades que terminarían perjudicando la construcción de la obra, lo cual tuvo un perjuicio económico a Fondepes por S/ 266 721, 29. Por ello, la Contraloría recomendó iniciar acciones civiles y penales contra Alarcón Díaz.
Investigado por Fiscalía
Cabe recordar que en la actualidad, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara — jefe de asesores del Ministerio de Vivienda — es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco del caso de ‘Los Malditos del Azúcar’.
El caso fue abierto en 2018 por el despacho de Juan Carrasco Millones, hoy ministro del Interior, que en su momento lideraba la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo.
