Un informe de la Contraloría General de la República acusa a la vicepresidenta Dina Boluarte de haber intervenido en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac mientras ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
El documento remitido el último viernes 20 de mayo al Congreso señala una presunta infracción constitucional por realizar labores externas en el ámbito privado mientras era una funcionaria pública. El documento también habría sido enviado a la propia Boluarte.
“La fiscalizada durante le periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo”, se lee en el documento.
El informe advierte una presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, el cual señala: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Tras está grave acusación, el Consejo Directivo del Poder Legislativo se reunirá este lunes a las 11 de la mañana para evaluar el tema, el cual ya no sería tratado en Junta de Portavoces, para ser trasladada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
