La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó el plazo de 5 días hábiles a fin de que el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), en su condición de coordinador, presente el informe final de la Denuncia Constitucional nro. 209 y su ampliatoria, contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por infracción constitucional y al Código Penal.
Así lo señaló la congresista Rosio Torres (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de realizarse este lunes 8 la audiencia de ese caso, cumpliéndoselos así los plazos previstos en concordancia con el debido proceso.
En la jornada, el congresista Donayre fue el encargado de exponer los alcances de la denuncia presentada por las congresistas Patricia Chirinos (DC nro. 209) y Gladys Echaiz (DC nro. 231).
El parlamentario precisó que se advierten diversos hechos irregulares con características delictivas que se habrían cometido desde la Presidencia de la República, ya sea a través de los mandos medios y del mandatario, frente a los cuales la denunciante evidencia la inacción por parte de la fiscal Zoraida Ávalos para la corroboración de una serie de hechos.
LEER | Pedro Castillo recibió en Palacio de Gobierno a presidenta del Partido Magisterial y dirigentes ronderos
Entre ellos, dijo Donayre, se denuncia el presunto pago de sumas de dinero por parte de la señora Karelim López al presidente de la República por intermedio del exsecretario general del despacho presidencial, señor Bruno Pacheco, con la finalidad de “tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos”.
Otro hecho, añadió, es la denuncia periodística que acreditaría que, en la sede del despacho presidencial paralelo, ubicada en el distrito de Breña, recibió la visita de la señora Karelim López. asesora de una empresa que logró la adjudicación de un contrato por más de 230 millones de soles en Provias Descentralizado.
Así también se señala que el presidente venía despachando a escondidas a altas horas de la noche en el llamado “despacho presidencial paralelo” a través de reuniones clandestinas para esconderse de los medios de comunicación y de la ciudadanía.
“En la denuncia se concluye que, pese a estos hechos, la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, no abrió investigación preliminar contra el presidente de la Republica, observándose su inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones”, puntualizó.
Dijo que se le imputan la comisión de los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales debido a que, si bien el presidente no puede ser procesado ni acusado durante su mandato, la ley si permite que el jefe de Estado pueda ser objeto de una investigación preliminar.
“Se advierte que frente a los hechos expuestos se habría configurado un retardo y omisión por parte de la fiscal de la Nación para poder iniciar una investigación preliminar contra el actual presidente de la República”, comentó.
En la ampliación de la denuncia se le acusa de presunta comisión de delitos de falsedad genérica, cohecho pasivo especifico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y organización criminal.
DESCARGOS
La defensa de Ávalos Rivera estuvo a cargo de su abogada, Mariela Valcárcel, quien sostuvo que en la denuncia se ha arribado a elementos de valoración por parte del congresista delegado.
“Hemos transcrito más de una afirmación en la cual el congresista Bustamante, en su condición de delegado, ya hace afirmaciones categóricas con respecto a la presunta responsabilidad de la fiscal Avalos”. Indicó.
Además, dijo que ya se estaría anunciando que se le va acusar y proponer la modificación de uno de los supuestos de falsedad genérica a falsedad ideológica
“No solo redirige los cargos, anuncia que se va acusar, sin siquiera permitirnos a nosotros presentar nuestros alegatos de defensa”, remarcó la letrada.
También sostuvo que el Tribunal Constitucional ha mencionado que lo que se conoce como el debido proceso también es oponible y garantizado en procedimiento parlamentario y añadió que la Corte Interamericana, por su parte, ha señalado que no existe ninguna autoridad del Estado que esté excluida de respetar este tipo de principios incluyendo el Poder Legislativo.
En respuesta a ello, Bustamante dijo que como delegado de la denuncia su función es la descripción de las pruebas y ello no es adelanto de opinión.
