La congresista María Agüero Gutiérrez, recordada por señalar que su sueldo parlamentario no le alcanzaba, presentó un proyecto de ley para prohibir y sancionar la contratación de asesorías externas y consultorías en las entidades del Estado.
Según la iniciativa legislativa, solo la Procuraduría del Estado y la Cancillería estarían exceptuadas de esta medida para los casos de controversias o gestiones ante instancias multilaterales o arbitrales de ámbito internacional.
Se propone que el titular y los funcionarios que gestionaran o posibilitaran la contratación de estas asesorías externas —independientemente de su régimen laboral o contractual— incurrirán en falta administrativa y serán pasibles de ser sancionados con suspensión, cese o destitución “atendiendo a la jerarquía del cargo” y al grado de intervención en la inobservancia de esta ley. Además, se les inhabilitará para ejercer función pública y postular a cargos de elección popular por 10 años.
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En la exposición de motivos de la iniciativa, se citan datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que indican que el “personal altamente calificado percibe remuneraciones que van de S/ 20, 500 a S/ 25, 000” y que “cuentan con decenas de consultores y asesores externos. Solo en 2019 se incrementó en 95 millones el pago por estos conceptos”.
