El congresista no agrupado, Carlos Anderson, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que las personas con condena por ser autores o cómplices de los delitos de homicidio simple, calificado, feminicidio o secuestro puedan postular a la presidencia y vicepresidencia de la República.
Si esta iniciativa legislativa es aprobada, esta lista de delitos se sumaría a que ya impiden que una persona pueda tentar a la máxima magistratura del país; estos son apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y violación sexual.
La exposición de motivos sostiene que, según el Pacto de San José, suscrito por nuestro país, el derecho a la participación ciudadana no es absoluto y esto se condice con el artículo 34-A de la Constitución, que impide postular a las personas que hayan sido condenadas en primera instancia por delito doloso.
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Por ello, se resalta que “las personas que ostenten ocupar dichos cargos –presidente y vicepresidente– deben ser respetuosos del orden constitucional y de los derechos fundamentales de las personas”.
Esto se condice, según el documento, con el artículo 118 de la Constitución, que señala que el jefe de Estado debe cumplir y hacer cumplir la carta política y sus tratados.
