La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución No.55/2021 donde solicita al Estado peruano a adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida e integridad del fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato.
La organización señala que el magistrado debe recibir protección para que se asegure que pueda seguir haciendo su trabajo sin recibir “amenazas, hostigamientos o actos de violencia”. Advierten que representante del Ministerio Público y sus parientes “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” y señalan que el fiscal, su esposa Vanessa Medina, además de su hijo, han sido objeto de “eventos de riesgo”.
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Por otro lado, el CIDH solicita que las acciones que se tomen para este fin sean coordinadas con el propio fiscal y su familia y que además se informe sobre las acciones que el Estado ha estado realizando ya que el 12 de junio pasado la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pidió resguardo para José Domingo Pérez.
En el documento que se envió al Ministerio del Interior se leía: “Solicito tenga a bien disponer se realicen las coordinaciones de manera urgente para que se brinde la seguridad y protección policial en el domicilio del citado magistrado“.
Este domingo 25 de julio, la CIDH también dio medidas cautelares al presidente Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por considerar que están “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
De acuerdo a la resolución 56/2021: “el señor Salas Arenas se encuentra en una situación de riesgo derivado del cargo que actualmente desempeña como presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE) y atendiendo el actual contexto del país”.
