La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó, con 13 votos a favor y 1 abstención, el informe final de la investigación de los hechos ligados a la pandemia de la Covid-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia 008-2020, el cual recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra, por presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Junto a Vizcarra Cornejo se incluye acusar en la modalidad de colusión en agravio del Estado a la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y a la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. Se espera que, en los próximos días, sea elevado al Pleno del Congreso.
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“Hoy se dio un paso más para hacer justicia por las más de 150 mil familias enlutadas por las nefastas decisiones del vacado Martín Vizcarra en su gobierno durante la pandemia de la Covid-19”, indicó el presidente de la comisión, Héctor Ventura, en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, también se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Salud, Víctor Zamora, por el delito de omisión o demora de actos funcionales al permitir que se continuara ejecutando actos administrativos indebidos.
Entre las principales conclusiones, se sostiene que Vizcarra Cornejo y las exministras Alva e Hinostroza se reunieron con empresas del sector salud como Nipro Medical Corporation Sucursal Perú y Multimedical Supplies SAC para concertar la compra de pruebas rápidas contrario a las políticas de salud vigentes que reconocía el uso de la prueba molecular para detectar el virus.
También se corroboró la indebida aplicación del DU 028-2020 que consideró la adquisición de pruebas rápidas omitiendo lo establecido en las normas legales de salud vigentes que amparaban técnicamente a la prueba molecular como única prueba de diagnóstico para detectar el Covid-19.
Finalmente, el informe final será remitido al Ministerio Público para que continúe la investigación y emita denuncia penal.
