La Comisión de Ética del Congreso decidió declarar como infundada la denuncia que se había planteado contra Edgar Alarcón de Unión por el Perú por haber solicitado los currículum vitae de los auditores que se encargaron de verificar su información desde la Contraloría General de la República.
La votación concluyó con cuatro votos a favor del informe por parte de los congresistas Vivanco (Fuerza Popular), Rodas (Alianza Para el Progreso), Lozano (UPP) y Rivera (Acción Popular). Los cuatro votos en contra fueron de Aliaga (Somos Perú), Cayguaray (Frepap), Silva Santisteban (Frente Amplio) y Zenaida Solís (Partido Morado).
Ante el empate, el presidente de Ética, Mariano Yupanqui (Somos Perú) tuvo el voto dirimente y se pronunció a favor de archivar el caso contra Edgar Alarcón.
El informe que elaboró la presidencia de este grupo de trabajo consideró válidos los descargos que hizo el congresista que preside la Comisión de Fiscalización, quien aseguró que hizo estos pedidos a la Contraloría en amparo de la ley de transparencia y a través del portal de la Contraloría, sin usar documentos membretados del Parlamento o identificándose como legislador en funciones.
Según el documento, Alarcón pidió los CV “al amparo de su derecho reconocido constitucionalmente” y actuó dentro de los lineamientos que establece la ley.
Cabe recordar que, el contralor Nelson Shack había calificado este accionar por parte de Edgar Alarcón como un acto “intimidatorio” en contra del personal que había elaborado informes en los cuales se había detectado desbalance patrimonial por parte del legislador de UPP.
“Se establece que no hay prueba objetiva de que el congresista denunciado en su actuar haya faltado a los principios éticos […] y que la solicitud de los CV de los auditores lo hizo dentro de la ley al amparo de su derecho constitucional de acceso a la información pública”, concluye el informe.
Por otro lado, la congresista Zenaida Solís, del Partido Morado, cuestionó estas conclusiones al considerar que no era posible disociar una actitud que tuvo un congresista de su labor parlamentaria, ya que un legislador no deja de serlo si es que comete alguna irregularidad fuera de su trabajo.
“Este informe no pondera las limitaciones al derecho de acceso a la información porque no hay derecho absoluto […] porque puede usarse como mecanismo intimidatorio. Se debe analizar el contexto en el que se realizó, que fue en un proceso de la Contraloría sobre las declaraciones juradas de los congresistas”, advirtió.
Miguel Vivanco, de Fuerza Popular, rechazó esto y aseguró que respaldaba el informe porque legalmente no se había incurrido en alguna falta. “Lo que ha sustentado este informe está bien desde el punto de vista jurídico, legal”, concluyó.
