A estas alturas, 7 de setiembre de 2022, el ministro de Agricultura y Riego, Andrés Alencastre, no ha firmado el acta para que los árbitros internacionales de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) extiendan, por una última vez, el plazo de lectura del fallo de la controversia entre el Estado y el concesionario del proyecto Chavimochic y así el destrabe del proyecto se haga realidad.
El problema es que la fecha de la lectura del fallo, varias veces pospuesta, es la del 9 de setiembre. Lo que ambas partes han pedido es rescindir el contrato y la que pierda recurrirá al Poder Judicial, lo que demorará el proceso de reinicio del proyecto, desde el trámite de una nueva licitación hasta el arranque propiamente dicho, en hasta 10 años.
LEER | Congreso aprobó dictamen del Ejecutivo que plantea asegurar la ejecución y culminación de las obras del proyecto Chavimochic
Sería absurdo
La semana pasada, y tras muchas idas y vueltas, el Pleno del Congreso aprobó con 102 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, el dictamen del Poder Ejecutivo que plantea asegurar y promueve la ejecución y culminación de las obras del proyecto Chavimochic y afianza el desarrollo de la frontera hídrica. La propuesta plantea declarar de prioridad e interés nacional y necesidad pública la adopción de las medidas por parte del Poder Ejecutivo que garanticen la culminación de la Presa Palo Redondo, que es el componente crucial del contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic III Etapa.
El documento indica que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), puede negociar y acordar modificaciones en el contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic III Etapa. Conjuntamente, el Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión previa en los temas de su competencia a la referida modificación contractual presentada por el Midagri, quien adjunta la opinión de Proinversión. Luego de recabar la opinión favorable del MEF, el Midagri solicita a la Contraloría General de la República la emisión del informe previo sobre la modificación contractual en el marco de sus competencias.
El acuerdo entre Estado y el consorcio liderado por Odebrecht es que el segundo termine con las obras de la represa, cuya interrupción le impide a pequeños y medianos agricultores poner en valor 28 mil hectáreas en medio de este enclave agroexportador, y se proceda a adelantar el término del contrato, con lo que Odebrecht ya no administraría la obra. Se limitaría a culminarla, tomando en cuenta que el Estado ya invirtió la mayoría del monto de inversión de Palo Redondo –US$226 millones– y que el avance de la obra se encuentra al 70%.
