Los chats difundidos por el dominical Cuarto Poder, confirmaron lo que CARETAS vino advirtiendo: las irregularidades en la adjudicación del mantenimiento de la red dorsal para beneficiar a la empresa Gilat.
El 3 de enero, CARETAS dio a conocer sobre el cuestionado proceso de licitación para el Servicio de la Operación y Mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDND), que podría dotar a todo el país de internet con alta velocidad. Sin embargo, y pese a la potencialidad de la red dorsal, solo se usa el 3.2% de su capacidad. Durante los cinco años de operación y mantenimiento, el Estado peruano ha pagado US$ 450 millones.
A los cuestionamientos, se suma la rápida designación y destitución de Edgar Velarde en la dirección ejecutiva de Pronatel. Él definió el costo cero de la reserva de capacidad de la red dorsal y pese a ello, fue sustituido por Jorge Luis Túpac Yupanqui Sagastegui, un bachiller en Ingeniería Industrial sin experiencia en el rubro. La razón de la salida de Velarde habría sido su negativa a brindar información sobre los futuros proyectos de la entidad a Julio César Bravo, quien mostró gran interés. Por cierto, habría sido el mismo Silva quien recomendó a Velarde tener esta reunión.
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El viernes 7 de enero, CARETAS reveló que las bases del proceso de adjudicación habrían sido modificadas, excluyendo a los postores extranjeros y limitando a los nacionales. Esto habría tenido por finalidad beneficiar a la empresa Gilat, que ya había ganado adjudicaciones como postor único en Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
Los chats
Las conversaciones difundidas el último domingo, muestran al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, presionando a la exviceministra de Transportes y encargada del viceministerio de Comunicaciones, Fabiola Caballero, a continuar con la concesión de la red dorsal, pese a que la funcionaria le recordó que la opinión técnica de Pronatel señalaba que lo mejor era no continuar con el proceso.

Incluso, Túpac Yupanqui Sagastegui señaló que fue retirado de la dirección ejecutiva de Pronatel por señalar que no se cumplió con el requisito de la pluralidad de postores.
Cabe señalar que el proceso de adjudicación fue suspendido y se estableció que el Estado se haga cargo del mantenimiento temporalmente.