La anunciada “toma de Lima” pone bajo extrema presión la permanencia de Dina Boluarte como presidente de la República.
La Policía esperaba que alrededor de 8 mil personas lleguen a la capital para el jueves 19, al día siguiente de la conmemoración de los 488 años además de los manifestantes que se sumen de la propia capital. Ha sido un proceso de cuentagotas que empezó el sábado 14. En la Panamericana Sur se instaló un estricto control a altura de Pucusana para controlar el posible ingreso de requisitoriados y armamento.
La plaza se calentó desde la noche del lunes 16, con concentraciones en la Plaza San Martín que por momentos presentaron conatos de violencia, incluidas agresiones contra periodistas.
La cuádruple exigencia de la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, el adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente tiene una quinta que ha perdido fuerza en el discurso pero no en el fondo: la libertad de Pedro Castillo.
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Además del casi medio centenar de muertos que enluta al país y el incalculable daño para la economía, con sectores destruidos como el del turismo, la pregunta es si existe otra salida que la renuncia de Boluarte frente a un sector de la población enardecido para el que no vale la evidencia inobjetable de una sucesión constitucional motivada por el intento de autogolpe del encarcelado expresidente. La historia -y también su manipulación- del abandono del campo, el racismo impertérrito y el centralismo limeño inflaman un fuego atizado por actores radicales e ilegales.
Por ejemplo, el contraste entre los gobernadores de Ayacucho y Puno no puede ser más marcado. Mientras el primero, Wilfredo Oscorima, llama a la paz social y no duda en señalar la cuota ultra de la protesta, el de Puno, Richard Hancco, considera que la única opción es la salida de Boluarte.
Información de inteligencia daba cuenta del debilitamiento de las bases en Ayacucho tras la captura de Rocío Leandro Melgar, camarada “Cusi”, la vicepresidenta del Fredepa, Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de dicha organización Alejandro Manay Pillaca. CARETAS, en su edición impresa y su canal digital, presentó el material que vincula a Cusi con Iber Maraví, el primer ministro de trabajo de Pedro Castillo, y los vídeos que la muestran repartiendo dinero en un mercado a quienes participaron en las movilizaciones.
“Los ataques contra aeropuertos son considerados desde hace décadas como actos terroristas”.
En Puno la situación era otra. Se han identificado a 23 dirigentes que organizan la participación de ese departamento en las protestas. En los últimos días se detectó un quiebre en el grupo, pues aproximadamente la mitad se inclinaba por entablar negociaciones para favorecer al departamento, a diferencia de la cerrada oposición a dialogar de los demás.
Si Ayacucho fue el epicentro de la segunda tanda de protestas, donde murieron 10 personas -la primera fue Apurímac-, el departamento altoandino fue el tercero. Allí fallecieron 18 personas. El total de muertos asciende a 48 personas.
Allí hay un punto importante que ha destacado el primer ministro Alberto Otárola. Todos los muertos durante las protestas perdieron la vida durante los intentos de tomas de los aeropuertos en sus departamentos.
Al ser infraestructura crítica, los ataques contra aeropuertos son considerados desde hace décadas como actos terroristas. Los antecedentes se remontan al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de Montreal en 1971. Ese y otros documentos internacionales han sido suscritos por el Perú.
Bien habría hecho el gobierno en presentar los resultados de sus investigaciones sobre cada una de las circunstancias de los fallecidos, independientemente de la investigación que ya realiza la Fiscalía. Un número de fallecidos semejante, en medio de una situación de conmoción pocas veces vista en el Perú, pone a prueba a cualquier gobierno. Más a uno presidido por quien no encabezó la plancha presidencial y que tiene a quienes fueron sus aliados como sus más furiosos opositores.
En ese sentido, la acusación que se le hace a Boluarte de “ser rehén de la derecha” refleja su delicada situación. Pero también relieva su escaso margen de maniobra. Si la izquierda quiere de todas maneras el pescuezo de Boluarte -lo que oculta su propia responsabilidad en el sostenimiento de un gobierno corrupto e ineficiente-, no es que el gobierno tenga un gran espacio de centro en el Congreso al cual recurrir. Hasta Susel Paredes renunció al Partido Morado, que tiene una representación minúscula. El partido, por cierto, pidió la renuncia de Boluarte y del presidente del Congreso el martes 18. La propuesta del expresidente Francisco Sagasti, fundador morado, para que el Consejo Interreligioso pueda interceder y recoger las demandas de los manifestantes era ciertamente bienintencionada.
¿Negociación por agotamiento o renuncia? Esa es la cuestión de este triste inicio del año.
