En agosto de 2019, el Poder Judicial condenó a 4 años de prisión al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
También le impusieron la pena de inhabilitación de su cargo como gobernador, por el plazo de un año; asimismo, el pago de una reparación civil por S/850 mil que sería pagada de forma solidaria con sus coprocesados Henry López Cantorín, Carlos Mayta Valdez, Juan Sulca Yauyo.
Sin embargo, este domingo 16 de enero, Cerrón Rojas hizo público documentos de la Contraloría General de la República dónde “se resuelve declarar la inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa funcional en favor de Carlos Mayta Valdez y Henry López Cantorín”.
“Sentencia Caso Saneamiento La Oroya es ilegal. La Contraloría – Res. 005-2016-CG/INSC: sobre la conciliación extrajudicial hecha por el Procurador no deviene en antijurídica y resolvió declarar la inexistencia de infracción administrativa funcional”, escribió el líder de Perú Libre en su cuenta de Twitter.
Por el contrario, la Fiscalía señala que las autoridades antes mencionadas se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo N° 03 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya, “con la finalidad de favorecer al consorcio Altiplano en la suma de S/850,000”.
Además señalan que Vladimir Cerrón intermedió ante la Organización de Estado Iberoamericanos para que hagan efectivo unos pagos que no correspondían y habría asegurado que iba a tramitar dicha suma ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
