Una denuncia contra el capitán de navío David Hidalgo Valdivia por presuntamente ejercer doble función en la Procuraduría de la Marina de Guerra del Perú (MGP) y en Servicios Industriales de la Marina (SIMA), apunta a hechos irregulares en la gestión regional de Vladimir Cerrón.
Según la denuncia del abogado Walter Chinchay, Hidalgo Valdivia fue nombrado procurador público adjunto de la MGP el 23 de mayo del 2014, mediante Resolución Suprema Nº 105-2014-JUS. En setiembre del 2019, el capitán de navío es designado jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del SIMA, pese a que no habría renunciado formalmente a la Procuraduría y por ende, estaba impedido para ejercer un cargo en otra entidad del Estado.
En efecto, la denuncia señala que David Hidalgo “renunció” vía correo electrónico, cuando el procedimiento establece que los nombramientos y los ceses deben ser oficializados mediante Resolución Suprema. En dicha comunicación, señaló que su reemplazante sería el contralmirante Marino Jiménez Ames, quien estuvo frente a la Procuraduría de la MGP hasta el 7 de enero del 2020, siendo reemplazado por Hildalgo, quien ejercería esta labor en la actualidad.
Incluso, señala que de haber renunciado oficialmente a la Procuraduría, Hidalgo no podía ser nombrado en otro cargo en alguna entidad del Estado sino hasta un año después de su cese.
Pese a los cuestionamientos, Fernando Cerdán Ruiz (más alta autoridad administrativa de la entidad), Alberto Alcalá Luna (director general del Personal de la Marina) y Alberto Avilez Puertas (director de Administración del Personal de la Marina) habrían promovido su nombramiento en el SIMA.
LEE | Chats y testimonio | Fabiola Caballero: “El MTC era una organización preparada para delinquir”
La tesis de Chinchay apunta a que al ser David Hidalgo nombrado en la Procuraduría de la MGP y el SIMA a la vez, tendría un “conflicto de intereses”, ya que debía informar sobre el estado de arbitrajes a Manuel Vascones Morey, entonces presidente del directorio del SIMA.
No obstante, Fiscalía archivó las indagaciones, señalando que, pese a que la declaración jurada de Hidalgo reconoce la simultaneidad en el SIMA y la Procuraduría, esto fue un “error” en la redacción del documento. Sin embargo y tras presentarse un recurso de queja que se declaró fundado, la indagación continuará y podría ampliarse contra el vicealmirante Federico Javier Bravo de la Rueda y el exgobernador Vladimir Cerrón.
Bravo de la Rueda fue director ejecutivo del SIMA cuando el Gobierno Regional de Junín firmó un convenio para la ejecución del Puente Comuneros II en el 2019. Si bien Cerrón señaló que el convenio con SIMA ahorraría costos, un informe de la Contraloría General de la República apunta a presunta corrupción que habría aumentado en las vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental por S/ 3 606 416,91 y gastos generales por S/ 2 863 172,68, ya que tuvieron que subcontratar a la empresa española CESMA Ingenieros S.L.
Por ello, se habría encontrado responsabilidad penal en el líder de Perú Libre y otros 15 funcionarios, entre ellos Bravo de la Rueda.
Es precisamente en el 2019 que David Hidalgo asume doble función en la Procuraduría y en el SIMA. En ese lapso se habrían dado laudos arbitrales entre la Procuraduría –entonces “ocupada” por Jiménez Ames– y el SIMA, cuyo asesor era Hidalgo.
El abogado apunta a que los convenios, ampliaciones y las cuatro adendas al Puente Comuneros II firmadas por Bravo de la Rueda, fueron consultados con Hidalgo, por lo que estaría implicado en este presunto acto de corrupción. Sin embargo, él no está comprendido en el caso.
