El congresista de Perú Libre, Abel Reyes Cam, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía luego de haber sido agredido por el personal del Aeropuerto Jorge Chávez y los efectivos policiales, quienes le impidieron abordar el avión rumbo a Huánuco, este sábado 13 de noviembre.
“Los hechos denunciados resultan más graves por ser una persona con discapacidad, que es de público conocimiento, pues padezco de una enfermedad genética degenerativa llamada Ataxia de Espino”, se lee en el documento.
La denuncia presentada ante la Fiscalía, son por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y secuestro, contra las personas que resulten responsable de dichos actos.
Además narra cómo los policías lo maltrataron verbalmente durante la intervención, dirigiéndose al congresista con frases como homosexual y retrasado mental. También manifiesta que lo arrastraron y golpearon, asegurando que todo lo señalado lo tiene grabado.
“Los dos policías que llegaron me empezaron a arrastrar y a golpear por la columna, el efectivo de la PNP de apellido Barrios me dijo que estoy borracho y drogado. Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estas allí y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle”, parte de la manifestación del congresista de Perú Libre.
Esta tarde, la Policía Nacional del Perú informó que los dos oficiales que lo agredieron fueron removidos de sus cargos. Uno de ellos es el suboficial de tercera PNP José Barrios Loli, de 26 años.
Por su parte, Lima Airport Partners comunicó que el parlamentario no quiso “culminar el procedimiento completo de inspección”, justificando las acciones del personal en el aeropuerto.
“Las autoridades respectivas hicieron cumplir los protocolos que se aplican en este tipo de situaciones”.
El Ministerio del Interior también emitió un comunicado, condenando las conductas que tuvieron los policías, tal como lo evidencian los videos y audios. “Rechazamos rotundamente cualquier forma de discriminación y maltrato, sea este verbal o físico, contra ciudadano alguno y más aún si este procede de un servidor público, formado para servir a la ciudadanía”.
