La organización Amnistía Internacional pidió al Estado peruano que derogue la Ley de Protección policial en el informe “Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza de los cuerpos de seguridad de Perú”, que evalúa los pormenores de las muertes ocurridas en las protestas antigubernamentales.
El informe considera que hubo un sesgo racista en las muertes y calificó estas como ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias a través del uso generalizado de munición letal para reprimir protestas.
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La norma, aprobada durante la gestión de Manuel Merino como presidente del Congreso, y refrendada por el entonces primer vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez, exime de responsabilidad penal a los policías que causen lesiones o muerte a ciudadanos, siempre que sea dentro del marco de sus funciones.
Los casos documentados por Amnistía Internacional se dieron en Lima, Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca y Chincheros.
