El fallido golpe de Estado de Pedro Castillo ha demostrado que todavía en el país hay instituciones que respetan el marco constitucional: él ahora lo sabe mientras transcurren sus horas en la Diroes. Sin embargo, la crisis no ha pasado. Todo lo contrario: hemos ingresado a la fase de las protestas sociales organizadas por parte de los sectores radicales afines al expresidente. La intención es sabotear la gestión de la presidenta Dina Boluarte y generar el caos. La respuesta del ejecutivo tiene que ser respetuosa de la ley, pero firme. No se puede ceder al chantaje político. Superar esta fase es determinante.
Durante estas protestas han fallecidos cuatro personas. Un joven de 18 años y dos menores de edad: de 15 y 16 años. Estos tres en Apurímac. Y un joven de 30 años en Arequipa. Triste, terrible. No debió suceder, pero ocurrió y se debe investigar de manera exhaustiva estos casos. Pero las fuerzas del orden deben tener mucho cuidado con sus métodos de neutralización con los manifestantes, eso es clave para restablecer de forma legítima la calma social.
Esa calma social que se ve amenazada por operadores políticos radicales que organizan las protestas con la intención de generar violencia y desestabilizar al país. El tema es muy claro en este aspecto: el gobierno de Dina Boluarte no puede dejarse chantajear por sectores violentistas; la institucionalidad tiene que funcionar. No se le puede dar margen de acción a grupos extremistas dirigidos por políticos afines al exmandatario. Todos sabemos quiénes son.
La inteligencia policial es esencial en este tipo de situaciones para identificar a aquellos responsables de actos de violencia, porque es claro que la población posee todo el derecho de salir a protestar a las calles, pero recurrir a la agresión para hacer sentir su voz es diferente. Y, en este momento, lo evidente es que la furia social que observamos está manipulada por aquellos que han sentido el golpe de la frustración: ver a Castillo vacado, detenido y derrotado es de gran impacto para estos grupos. Una variable que no se puede perder de vista.
Los cierres de carretera en los distintos puntos del país, el ataque a comisarías o a establecimientos privados, como las instalaciones de la empresa Gloria en Arequipa, muestran que está horda instrumentalizada no es menor. No subestimar, pero tampoco dudar al ejercer la ley.
En ese sentido, esta enorme presión política y social ha propiciado que la presidenta Boluarte haya anunciado que presentará al Congreso un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2024 en abril. Una muestra puntual que atravesamos una crisis que necesita ser afrontada con la participación de todos los sectores democráticos del país. Eso es fundamental: los sectores políticos y sociales respetuosos de la democracia y las instituciones del Estado deben ser un solo frente. El enemigo está en casa y se le tiene que vencer con la legitimidad de la ley. Queda claro que esto es urgente.
