La situación que se describe a continuación despierta serias preocupaciones sobre el modo en el que el sistema judicial peruano y concretamente el Ministerio Público aborda casos de tocamientos indebidos contra niños.
CARETAS accedió a la denuncia penal formulada el 17 de marzo contra el fiscal provincial del tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar de Lima, Oswaldo Taccsi Guevara, y su adjunto, el fiscal Reynaldo Elías Cantafio. El recurso se interpone por varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, prevaricato y omisión de ejercicio de la acción penal.
“Lo que queremos es dar a conocer lo mal que trabaja el Ministerio Público en un tema tan sensible como este”, sostiene el abogado Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien asesora a la demandante y sostiene que no pararán hasta que los fiscales sean destituidos.
En febrero último, los fiscales archivaron una denuncia penal por tocamientos indebidos presentada en julio de 2020, con lo que impidieron que el caso pase de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria, que es el paso previo al juicio.
“Las pruebas son tan contundentes que era imposible pensar en un archivamiento”, critica el abogado.
La identidad de la menor debe ser mantenida en reserva. Pero para salvaguardarla más, en este caso también se omitirá publicar los nombres de sus padres.
La historia se resume así:
Una madre que se encuentra en medio de un proceso de divorcio cumple con el régimen de visitas producto del proceso de conciliación, que implica el externamiento de la menor durante unas pocas horas por parte de su padre.
Poco antes de la pandemia ocurren extraños episodios. La niña tenía cuatro años y en una ocasión vuelve embadurnada con crema para escaldaduras en sus partes íntimas. No salió escaldada de la casa de la madre y no lo estaba al volver.
En otra ocasión, vuelve con tres notorias contusiones en la espalda, que son ratificadas por un médico legista, que como consecuencia le dictamina descanso médico de cinco días. Según el padre, la niña saltaba en la cama y se cayó. La niña explicó que en el momento estaba sin ropa. El médico legista determinó que se trató de “golpes con objeto contuso”.
La niña inició una terapia psicológica en un centro especializado. Por esos mismos días se ordenó el inicio de la cuarentena, así que las sesiones pasaron de ser presenciales a virtuales. En la séptima sesión, la niña describió con lujo de detalles hechos perturbadores.
En esa visita, se lee en la denuncia, el padre “la desnudó para tomarle fotografías en distintas posiciones de connotación sexual (contra la pared, echada en la cama, con las piernas hacia arriba y abiertas, otras en posición fetal y de costado). Y fue allí donde su degenerado progenitor llegó a decirle a mi hija que “le gustaba el tamaño de su ‘concón’”, refiriéndose a su vagina. Si esto sucedió una vez, ¿habrá sucedido otras veces más?”.
Uno de los informes firmados por la psicóloga en junio de 2020 concluye que “se encuentran indicadores suficientes tanto en la narración (de la menor) como en los instrumentos y pruebas administradas, de ocurrencia de violencia sexual y física en la evaluada y de impacto en su salud mental”.
Luego el Ministerio Público dispuso diligencias preliminares. Una de ellas era que la niña pase por la cámara Gesell. Pero la cuarentena determinó que ello ocurra nueve meses después de los hechos. Según narran la madre y el abogado, los protocolos, que entre otras cosas establecen que solo participe la víctima y el profesional de psicología, se incumplieron con la presencia de otro personal y un mal manejo de la entrevista. La niña entonces se cerró.
Además de dos informes de la psicóloga y la contundencia de la sesión grabada, el demandado se negó a pasar por el examen psicosexual ordenado por el Ministerio Público.
Las características del supuesto delito, con la toma de fotos, hace sospechar a la demandante que el individuo pertenezca a una red de pedofilia. Sin embargo, como no se ha llegado al nivel de investigación preparatoria, no se ha producido incautación de equipos ni alguna medida similar.
Cuando el fiscal pidió una nueva sesión en la cámara Gesell casi dos años después de los presuntos hechos, la evaluación de la psicóloga particular y otra de un psicólogo perito recomendó no someter a la niña de nuevo a ese proceso. “No debería pasar nuevamente entrevista en cámara Gesell por ya haber recibido una psicoterapia en el año 2020, y sobre todo, para evitar una revictimización”.
Entonces se programó una sesión de escucha y transcripción de la sesión en la que la niña había contado los pormenores. El fiscal señaló una fecha de audiencia de transcripción de esa sesión, que tras una postergación se realizó en enero de este año. “El abogado y el denunciado se quedaron pálidos, mudos, luego de escuchar esa parte”, recuerda el abogado Pacheco, quien señala que el fiscal Elías Cantafio le dijo que dispondría pasar a la investigación preparatoria. Pero insólitamente a las dos semanas se les comunicó el archivo.
La presunción de inocencia es un principio fundamental, pero es lógico preguntar por qué un caso como este no debería pasar a juicio si se toma en cuenta la gravedad de los indicios.
“¿Quieren archivarlo?”, pregunta el abogado. “Entonces que lo haga el juez”.
Además de la denuncia contra los fiscales, se ha presentado una apelación. Pacheco espera que allí ordene el pase a la investigación preparatoria.
