El anuncio de la primera ministra, Mirtha Vásquez, de cerrar cuatro minas en Ayacucho busca solucionar el conflicto que se vivió el pasado mes de octubre en las provincias de Lucanas, Páucar del Sara Sara, Coracora y Parinacochas, cuando algunos pobladores quemaron un campamento de la minera Apumayo. Sin embargo, este no es un conflicto reciente. La primera reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los pobladores fue el 17 de diciembre del 2019 hasta el 15 de julio de este año. Y hubo cuatro reuniones más, pero el conflicto no fue resuelto.
CARETAS conversó con el exviceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, quien participó de las primeras dos reuniones entre el 2019 y el 2020. “Hay una insistencia muy fuerte en el sur de Ayacucho, que la minería afecta sus cabeceras de cuenca, que no hay solución para eso y que la única salida es cerrar las minas”, comentó.
Molina señaló que en el primer encuentro en el que participaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y los ministerios de Agricultura y Energía y Minas, se acordó visitar las minas y en función de los resultados, volver a reunirse para evaluar la situación. Sin embargo, solo se cumplió parcialmente con las visitas. “El proceso no se volvió a reanudar porque el acuerdo era se hace las cuatro visitas y nos volvemos a reunir para evaluar, y ahí llegó el Covid y entonces se interrumpió”, dijo.
En ese contexto, explicó que cuando visitó una mina, no encontró efectos visibles de contaminación y que las respuestas de la empresa le resultaron satisfactorias.
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Para el ex viceministro, se debe aplicar el reglamento de demarcación y zonificación de cabeceras de cuenca. “No solo es demarcar, porque si solo demarcas la cabecera de cuenca y dices que es intangible, no se puede usar para nada, ni siquiera para uso poblacional. Lo que hay que hacer es zonificar la cabecera de cuenca, porque dentro de toda la zona hay zonas más o menos frágiles o vulnerables y en función de eso se puede tomar decisiones sobre qué hay que hacer, qué usos sociales son posibles en cada cabecera de cuenca”, sostuvo.
Adicionalmente, mencionó que se pueden hacer estudios independientes a fin de corroborar la contaminación de la zona. “No es cuestión de que yo digo que hay contaminación y cierro una mina, eso va contra toda racionalidad legal”, consideró.
Sobre la disposición de la PCM para cerrar las minas de Apumayo, Breapampa, Pallancata e Imaculada, apelando a que ya tenían un plan de cierre, comentó que el marco legal peruano es “opaco” en este sentido debido a que las empresas mineras deben presentar este plan al año que comiencen a operar, actualizarlo a los tres años y luego renovarlo cada cinco años durante toda la vida útil del proyecto. “Toda empresa minera formal tiene un plan de cierre vigente, eso no significa que va a cerrar la mina (…). Hay una mala comprensión y se ha transmitido un mal mensaje de porque las empresas tienen plan de cierre vigente significa que van a cerrar”.
“No se puede ofrecer, con información insuficiente, que vas a cerrar minas, porque si las minas han pasado todos sus permisos, nos guste o no, están en el marco legal. Si están cometiendo infracciones ambientales, tienen que resolverlas y para eso está la OEFA (…). Si incluso así la población está convencida de que las empresas están contaminando, están perjudicando su vida, no se puede permitir que una actividad económica perjudique la vida de la gente”, finalizó.
