Los cambios en el Gabinete de la presidenta, Dina Boluarte, apuntan a apaciguar los conflictos que se reportan desde distintas partes del país, donde miles de manifestantes piden su renuncia, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales en el menor tiempo posible. Según un reporte de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), al 20 de diciembre, se habían registrado 26 muertos y 300 hospitalizados, producto de los enfrentamientos entre los protestantes y las fuerzas del orden.
Por su lado, el Parlamento aprobó, en primera votación el proyecto de reforma constitucional que recorta el mandato presidencial y congresal y fija los nuevos comicios en abril del 2024, pese a que una buena parte de quienes se movilizaron a lo largo del país exigían que el cambio de mando se dé el 28 de julio del 2023.
Para el ex viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el conflicto es de naturaleza “político-social” y tiene su raíz en la poca cohesión social que existe en nuestro país. Por ello, consideró que la respuesta del Ejecutivo “debe ser mucho más transversal”, lo que equivale a decir que debe construirse un diálogo nacional que permita que el Estado incorpore al diseño de sus políticas públicas, las distintas miradas que existen entre la capital y las regiones.
Para ello, podría convocarse a organizaciones como rondas campesinas, federaciones, frentes de defensa, organizaciones de mujeres, universidades, colegios profesionales, entre otras. “Se puede comenzar convocando a quienes ya están organizados y poco a poco ir llegando al sentir de la ciudadanía”, manifestó.
LEE | SAC evaluará informe de calificación de denuncia contra Pedro Castillo y sus exministros por el presunto delito de conspiración
En ese sentido, resaltó que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para recuperar el orden público, frente a los actos de violencia que se han visto en las protestas, sin que esto signifique “faltar a los derechos humanos de la gente y menos matarla”.
“Hay herramientas que no implican el uso de la violencia por parte del Estado, pero sí implican capturar y pasar al Ministerio Público a quienes cometen actos de violencia y quienes están vinculados con antecedentes judiciales o penales. El trabajo de inteligencia de los organismos de orden público es muy importante para eso, para reducir oportunidades de violencia y en paralelo, para iniciar el diálogo”, sostuvo en diálogo con CARETAS.
Por otro lado, consideró que el Ejecutivo debe articular diálogos descentralizados en el marco del Acuerdo Nacional, para que así se puedan recoger las demandas del interior del país y puedan ser trasladadas hacia la clase política y los poderes centrales.
Dado que una de esas demandas, era la convocatoria a elecciones en el 2023, Molina consideró “innecesariamente demorado” convocar a comicios hasta el año subsiguiente y se mostró a la expectativa de cómo reaccionará la sociedad ante la decisión del parlamento.
Cabe señalar que, de acuerdo al registro de visitas del Despacho Presidencial, publicado en el portal de Transparencia, Molina Martínez visitó a la mandataria en más de una oportunidad en Palacio de Gobierno.
