Era solo cuestión de tiempo y que Pedro Rosario Tueros, burgomaestre del distrito del Rímac por el partido de Acción Popular, vuelva a reincidir en sus actos violentos contra sus ex parejas sentimentales, para ser detenido la madrugada de hoy miércoles 11 de agosto en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho.
Tras una fuerte discusión familiar con su ex pareja, que presumiblemente acabó en un acto de violencia, ella se acercó a la comisaría para denunciar el hecho.
Fuentes policiales indicaron que al promediar la medianoche el alcalde acudió a la casa de Brenda Vergara Cáceres (28), madre de uno de sus hijos, con la intención de llevárselo en custodia. Ello habría desencadenado una fuerte discusión entre ambos que terminó en un hecho de violencia. Minutos después, tras formalizar una nueva denuncia, la Policía se aproximó al hogar de la esposa, para intervenir y detener al burgomaestre por el partido de la lampa, quien fue trasladado a la delegación policial de la Huayrona.
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A su salida, está mañana, con dirección al médico legista, Rosario Tueros declaró a la prensa que “es importante dar la cara, permítanme por favor dar la cara. Hemos tenido un incidente con la madre de mis hijos”, precisó el burgomaestre en breves declaraciones a la prensa. Y agregó que “lamentablemente ha sido una discusión familiar. Esperemos el resultado como corresponde. Yo no quiero hablar hasta que se haga la investigación. Yo no la he agredido”.
Sin embargo, está no sería la primera agresión física y psicológica en contra de la ex pareja, ya que el alcalde del Rímac ha sido denunciado por sus dos ex parejas sentimentales desde 2018, por violencia familiar. Leer más en la edición impresa de Caretas 2582
El primer caso nace a raíz de un episodio ocurrido la noche del 19 de marzo de 2018. Según la denuncia policial, Adelina Rivero fue jaloneada del brazo y empujada bruscamente por el funcionario. Eso habría sido porque este se molestó cuando ella intentó defender a su hija, quien en ese momento era maltratada. “Jalones de cabello a la agraviada A.A.C.V., a la que también habría presionado el pecho, usando las rodillas y friccionándola mientras ella se encontraba sobre el mueble”, indica la disposición fiscal.
La magistrada Karen Cueva, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, señaló, en febrero pasado, que se necesitan 60 días más para culminar las diligencias, ya que además del aparente daño físico, ha habido afectación emocional a ambas féminas.
En agosto del año pasado, Rivero —regidora en La Molina— había interpuesto otra denuncia porque Rosario había querido tener contacto físico con los hijos que tuvieron juntos. En ese momento, el alcalde rímense salía de padecer del Covid-19 y se temía que pueda contagiar a los pequeños, iniciando una cadena de contactos que podía poner en peligro una o más vidas.
“Lo que está pasando es indignante e injusto”, dice la regidora del distrito de La Molina, Adelina Rivera Escudero, sobre la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso el 21 de julio su expareja y actual alcalde del Rímac, Pedro Rosario Tueros. “Lo único que le he pedido a ese señor es que muestre la prueba de alta médica de COVID-19 para que de esta manera pueda ver a sus hijos”, enfatiza mientras le muestra a CARETAS cada una de las cuatro constataciones policiales de Rosario por supuestamente no dejarle ver a sus niños.
El 24 de abril, el padre de mis hijos me dice que está contagiado de COVID-19, me pide que cuide a los chicos”, señala Rivera, sin embargo, “el 10 de junio, de manera obsesiva y violenta se dirige a mi domicilio en donde vivo con mis niños a hacer escándalo. Fue con dos camionetas y cinco personas. Yo le exigí que muestre su alta médica mientras que los sujetos que lo acompañaban discutían con un efectivo de serenazgo de La Molina”, subraya.
Sin embargo, esta historia de cruces verbales entre las autoridades ediles no es reciente. Por ejemplo, el pasado 24 de febrero, Rivera denunció al burgomaestre del Rímac por agresión psicológica, tal y como consta en el acta presentada al fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo del Dr. Yuri Yaranga Vicaña. “El 12 de febrero me insultó, me denigró, con actitudes que no corresponden a una autoridad edil, me dijo que yo no trabajaba, que era una conchuda, que qué me creía, ¿Melissa Klug? No puedo quedarme callada ante sus bajezas, yo soy una mujer profesional, economista titulada y he trabajado toda mi vida al servicio de la sociedad, en los insultos que me profirió también insulta a todas las mujeres que trabajamos y criamos a nuestros hijos”.
La regidora de La Molina no está dispuesta a aceptar más maltratos. Y más con la denuncia que le presentó Rosario por maltrato psicológico. “Yo cerré mi vínculo con ese señor debido a una infidelidad demostrada. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar. De ser víctima pasé a ser victimaria. Yo me puedo defender legalmente, pero pienso también en muchas mujeres que no pueden defenderse porque no tienen recursos para hacerlo. Esto lo estoy viviendo en carne propia porque lo único que le pedí a ese señor es su prueba del alta de COVID-19 por la seguridad sanitaria de mis hijos y de mi familia, como mi padre que vive conmigo y que tiene 91 años, siendo él persona vulnerable ante el coronavirus”. Rivera indica que vio la prueba del alta de COVID-19 de una manera informal, “me la mostró por pantalla de celular Arnold López, el abogado de Rosario, nunca me la entregó de manera física. Yo no voy a dejar que mis hijos no vean a su padre, pero es mi responsabilidad estar segura de que van a estar bien, es lo que toda persona con sentido común haría”.
Y agrega: “En el decreto 0442020 se prohíbe las reuniones familiares entre las personas que no viven en la misma casa. Al margen de la situación del COVID-19, él tampoco podía visitar a los niños. Por estas situaciones en las que tengo la razón, me denuncia. Y lo que es más indignante, para su caso sí ha habido celeridad porque me citaron para el viernes 31 de julio a rendir una declaración por la denuncia que me ha interpuesto. Y este lunes 3 de agosto, la denuncia falla a su favor. ¿Qué es lo que está pasando?”.
Las inquietudes de Rivera son comprensibles, pero está decidida a ir hasta las últimas consecuencias pese a que integrantes de Acción Popular (partido al que Rosario y ella pertenecen) le han dicho que guarde silencio al respecto porque podría hacer peligrar su carrera política. “Yo voy a apelar el fallo del juez Abner Príncipe Mena, no me voy a quedar callada. No voy a tolerar más abusos y maltratos de Rosario y mucho menos me quedaré de brazos cruzados porque el juez que ha fallado a su favor perteneció a Acción Popular del 2005 al 2014”. Además, resalta que “estoy experimentando el abuso de un sistema legal que ningunea y menosprecia a la mujer que intenta defenderse de lo que a todas luces es un abuso. Lo único que pedí, y lo repito, es que mostrara las pruebas del alta de COVID-19”.
En ese entonces, CARETAS intentó comunicarse con el alcalde del Rímac Pedro Rosario, para recoger sus descargos. En su lugar, nos llamó Carlos Hurtado, Jefe de Prensa de la municipalidad de este distrito, quien dijo que hará la consulta con Rosario sobre la denuncia que le interpuso a su aún esposa y madre de sus hijos, Adelina Rivera. No hubo más contacto. “Todo este sistema legal, social y político no ayuda a las mujeres”, remata la regidora de La Molina”.
