La Comisión de Alto Nivel presidida por la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, y conformada por los ministros Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), Diana Miloslavich (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Modesto Montoya (Ambiente) y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, llegaron a Challhuahuacho (Apurímac) a fin de dialogar con los comuneros que mantienen un conflicto con la minera Las Bambas.
Las comunidades que han paralizado la extracción de cobre del tajo Challcobamba por más de 55 días, son Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca, Chuicuni, quienes invadieron los terrenos de la empresa minera el 20 de abril.
Si bien se contaba con la participación de la Conferencia Episcopal Peruana, el monseñor Miguel Cabrejos señaló que el Gobierno no les aclaró cuál era la calidad y la naturaleza de la misma.
“¿Mediación o una simple participación como oyente o veedor? Si es solo para acompañar un proceso, tiene poco sentido”, escribió en sus redes sociales.
En esa línea, el representante de la Iglesia Católica señaló que el rol de esta institución religiosa debería estar en la presidencia de la mesa de diálogo, a fin de tener un rol independiente.
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De acuerdo a información difundida por Las Bambas, el Perú acumuló pérdidas de más de US$ 500 millones en exportaciones; S/286 millones por impuesto a la renta y regalías contractuales; en tanto la región Apurímac perdió S/ 176 millones, lo que es equivalente a más del 80% de su presupuesto anual de protección social.
También se verían afectados 75, 000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de 1, 400 micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
“Esta situación ya causó el despido de 3, 000 trabajadores de empresas contratistas de Las Bambas, situación que se agrava conforme pasan los días”, manifiesta la minera china.