En los últimos dos meses, el Ministerio Público anuló que pasen a poder del Estado diversos inmuebles, vehículos y cuentas bancarias por un valor superior a los US$ 7.2 millones que pertenecían a sentenciados por diversos delitos, o que estaban a nombre de personas de su entorno, mediante la aplicación del proceso de extinción de dominio.
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Wilfredo Avellaneda Esaine, precisó que ese mecanismo legal permitirá trasladar al Estado la titularidad de los bienes que son objeto, instrumento o fruto de ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas, luego de una sentencia judicial.
“Es decir, permite golpear a las personas y organizaciones criminales donde más les duele, directamente en su patrimonio; de tal forma que afectamos su capacidad para seguir cometiendo ilícitos penales y desincentivamos aquella idea errónea de que los sentenciados pueden disfrutar de los bienes adquiridos con dinero ilícito una vez cumplida su condena”, anotó.
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Avellaneda detalló que en julio pasado se consiguió que se transfieran al Estado dos cuentas en un banco suizo por un monto de US$ 3.5 millones que estaban a nombre de la Fundación San Benito, cuyos beneficiarios económicos eran la esposa e hijo del ex comandante general de La Marina, Antonio Ibárcena.
Ese mes también se dispuso que el Poder Judicial aplique la extinción de dominio sobre dos inmuebles a nombre de la esposa del ex gobernador regional del Callao, Felix Moreno, ubicados en el distrito limeño de Surco y el distrito de Cerro Azul, Cañete, por un valor conjunto de US$ 1,4 millones.
Además, en agosto último se consiguió que se transfiera al Estado 10 inmuebles y 3 vehículos adquiridos por una organización criminal vinculada al proxenetismo y el lavado de activos, valorizados en US$ 2. 3 millones.
Bienes cautelados
Asimismo, indicó que desde la creación del subsistema de extinción de dominio, en el 2019, se ha interpuesto diversas medidas cautelares sobre bienes, por un valor aproximado en conjunto de US$ 422 millones, que pertenecen o están relacionados con delitos relacionados con sentencias por diversos.
En los últimos dos meses, se han interpuesto medidas cautelares sobre bienes valorizados en unos US$ 40 millones.
“Las medidas cautelares recae sobre aquellos bienes en los que existen elementos de juicio suficientes que pueden considerar su probable vínculo con alguna actividad ilícita que constituya causal de extinción de dominio. Eso quiere decir que esos bienes no pueden ser liquidados, sino que pasarán a poder del Estado una vez concluyan los procesos judiciales”, puntualizó.
