Durante la pandemia, el Perú ha visto dispararse los cultivos de hoja de coca ilegal. Según el informe anual de Devida, en el año 2020 la superficie cocalera creció en 13,03%, pasando de 54.655 hectáreas en el 2019 a 61.777 el año pasado. Son más de 7 mil hectáreas adicionales.
El pico máximo de coca fue registrado en 2011, con 62.500 hectáreas. En la última década, mientras tanto, el punto más bajo se dio en 2015, con 40.300 hectáreas. Esto quiere decir que desde entonces, a poco antes de iniciarse el quinquenio de desgobierno que se ha extendido hasta hoy, la cantidad de hectáreas de coca aumentó en un exorbitante 53%.
Esta cantidad excluye las 22.094 hectáreas disponibles para el cultivo legal de la coca. En 2019 equivalió a 12.000 toneladas métricas. La cantidad de hoja seca que va al narcotráfico duplica aproximadamente por 10 esa cantidad. De ahí puede entenderse que los nuevos proyectos de ley de “industrialización” como los que impulsa la congresista Margot Palacios de Perú Libre, que pretenden desaparecer Enaco y despenalizar toda cultivo de coca en el país, son engañamuchachos y en realidad una tapadera del negocio ilegal que, hoy por hoy, tiene al Perú a la zaga solo de Colombia como el principal productor de cocaína en el mundo.
Más allá del debate sobre la legalización de la cocaína está la realidad de la economía negra que, con otras como la tala ilegal y la minería ilegal, financian los tentáculos de las mafias que se extienden cada vez más por los ámbitos de los tres poderes del Estado.
Antes de asumir el cargo este mes, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, se desempeñaba como abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre. También comparte abogado con el congresista Guillermo Bermejo, que enfrenta un pedido de la fiscalía de 20 años de cárcel por afiliación terrorista, vinculada con las huestes de los Quispe Palomino, dedicados al narcotráfico en el Vraem. Ronald Atencio defiende a Bermejo y a Barranzuela en las investigaciones preliminares que se le siguen por presuntos pagos ilegales en conexión con la disputada Azucarera Tumán.
No son solo coincidencias en defensas penales. Barranzuela se presentó como “asesor en temas cocaleros” del congresista Bermejo cuando el 2 de octubre, días antes de asumir el cargo, arengó a los cocaleros del Vraem para que expresen su oposición a la erradicación de la hoja de coca y le dieran su “apoyo total” a Bermejo.
A eso se añade la revelación sobre la defensa legal que Barranzuela ejerció de los hermanos Aybar Cancho, que coordinaron con Vladimiro Montesinos el tráfico ilegal de 10 mil fusiles AKM a la guerrilla colombiana de las FARC en 1999. Grupo armado que ya por entonces estaba muy conectado con el narcotráfico.
Se entiende entonces que la Asociación Civil Transparencia haya emitido un comunicado en el que recuerda que “un funcionario público tiene prohibido mantener relaciones o aceptar situaciones, en cuyo contexto sus intereses personales y laborales, económicos y financieros podrían estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes”, y concluye “estos antecedentes hacen insostenible la continuidad del ministro. Exhortamos al Gobierno nacional a tomar una decisión pronta al respecto”.
