El conflicto en el Corredor Minero Sur está lejos de terminar. Luego de las fallidas negociaciones entre MMG Las Bambas y la comunidad de Chumbivilcas, la empresa minera emitió un comunicado en el que señala que paralizará sus actividades de extracción de cobre el 18 de diciembre por el bloqueo vial que aún persiste y que suma más de 400 días desde el 2016.
Si bien es cierto, el debate se ha centrado en las demandas de las comunidades para ser proveedoras de maquinaria y servicios a la empresa minera, poco se ha hablado de la problemática ambiental y de ocupación de terrenos que supuso para ellos el inicio de la operación de Las Bambas. Estos reclamos no son atendidos desde el 2014 y generaron un conflicto que pudo haberse evitado desde el primer día de la actividad de la empresa china.
CARETAS conversó con la abogada especialista en temas minero ambientales de CooperAcción, Ana Leyva, quien participó en la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas.
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La especialista explicó que se hizo una modificatoria del EIA para el cambio de transporte del mineroducto a la carretera que se hizo sobre la vía pública. Si bien, esta carretera era “nueva” en algunos tramos y la empresa apoyó a los gobiernos locales para su construcción, el cambio de transporte -de unidades de alta tecnología a unidades precarias- empezó a levantar polvo en los tramos en los que la vía que no reunía las condiciones para soportar transporte de carga pesada.
Además del polvo, el ruido generado por el transporte afecta a las comunidades adyacentes a la carretera. Leyva recuerda que en la segunda modificatoria “se elimina el área de influencia del mineroducto, pero no se establece zona de influencia para el transporte minero por tierra ni los impactos”. Al no haberse determinado estos aspectos, no puede haber liquidación de daños.
Incluso no se había determinado qué entidad sería la encargada de fiscalizar el impacto de la carretera en la vida de las comunidades del corredor minero, aunque finalmente se dispuso que la elegida para esta tarea sea OEFA.
En la tercera modificatoria del EIA, se establecen algunos impactos, “aunque no los más adecuados”, señala Leyva y se establecen algunas medidas de mitigación que la empresa propone -aunque reconocieron que no eran las más idóneas-, como el riego de la carretera o una aplicación de un micropavimentado de capa negra para evitar la dispersión del polvo. Los dirigentes de las comunidades que sabían que esta medida duraría muy poco, expuso esta inquietud en una audiencia con Senace, no obstante, no se les hizo caso porque “no estaba sustentado técnicamente”. Leyva explica que no tenían técnicos disponibles para ayudarlos.
El punto central, es que, si se hubiese determinado la zona de influencia de los impactos, las obligaciones ambientales, sociales y económicas que se tenía para con las comunidades del corredor minero sur estarían claras y el conflicto se habría evitado. Como se sabe, esta es precisamente, una de las demandas de la comunidad de Chumbivilcas; ser incluidos en la zona de influencia de Las Bambas.
La abogada señala que OEFA emitió dos informes; uno de ruido y uno de polvo, en el que se establece la causalidad entre la actividad del transporte y el impacto producido. En consecuencia, se genera un proceso de supervisión que devieno en la orden a la empresa para que modifique su EIA para determinar zonas de influencia, impactos y medidas de mitigación más adecuadas. “Eso ha sido el año pasado en la Resolución N° 010-2020-OEFA/TFA-SE”, señaló.
Dicho documento también establece un cronograma para cumplir con las medidas correctivas.
“Todo se pudo haber resuelto desde el primer momento, incluso hubo varias oportunidades para corregirlo y no se ha hecho”, reflexionó.
También se hace hincapié en que el asfaltado y el mantenimiento de la carretera tienen un costo que es asumido por el Estado, debido a que se trata de una vía pública.
“En el caso de Las Bambas hay una particularidad, porque recién van a empezar a pagar impuestos el próximo año”, apunta.
Por otro lado, Leyva recuerda que no se tomó en cuenta a las comunidades para la ampliación de las carreteras, ocupando sus tierras. “El Estado usó sus terrenos sin pedirles permiso y el problema hasta ahora tampoco se resuelve. En la zona de Cotabambas, los propietarios estaban de acuerdo en vender, pero hasta ahora no terminan de cerrar el proceso porque no se han puesto de acuerdo en el precio (…) Por otro lado en la zona de Chumbivilcas, ellos no quería vender”, señaló.
