Un nuevo enfrentamiento se registra en el distrito Challhuahuacho (Apurímac) entre los pobladores de Fuerabamba y la Policía Nacional, muy cerca de la minera Las Bambas. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa a un numeroso grupo de comuneros, quienes arrojan piedras con sus ondas hacia las instalaciones de la empresa, mientras los agentes intentan reprimirlos con bombas lacrimógenas.
“Las Bambas no va. No habrá más diálogo. Esperamos con buena voluntad, enviamos cartas para el presidente Castillo y el premier y nada. Han esperado que nos masacren. Nos han declarado la guerra”, dijo Edison Vargas el último miércoles, cuando también se registraron enfrentamientos dejando 14 heridos, entre ellos a dos mujeres y un varón gravemente heridos. De esta manera, los pobladores no permitirán las operaciones de la empresa MMG Las Bambas.


Desde la Presidencia del Consejo de Ministros informan que el Ejecutivo no dio la orden de desalojo, sino que la intervención se realizó en el marco de la ejecución de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la empresa. Dicha acción legal permite solicitar a la PNP la defensa posesoria de los terrenos ocupados por la comunidad campesina de Fuerabamba desde el 14 de abril.
Por ello, remarca que la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente.
Durante el desalojo la Policía detuvo al periodista corresponsal del diario La República, Raúl Cabrera, quien estuvo cubriendo la represión contra los habitantes de Nueva Fuerabamba. Le incautaron su teléfono, cámara y documentos; e incluso borraron parte del material registrado.
La empresa justifica las acciones
A través de un comunicado de este jueves, la empresa señala que desde ayer (miércoles) tomaron como último recurso ejecutar la Defensa Posesoria Extrajudicial con las fuerzas de seguridad de Las Bambas y respaldados por la Policía Nacional.
Aunque durante el desalojo los manifestantes de la comunidad de Fuerabamba abandonaron el sitio, otro grupo de la comunidad de Huancuire permanece en el lugar, atacando las instalaciones de la empresa donde permanecen más de 900 empleados y contratistas.
