El jueves 25, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, será interpelado en el Congreso a raíz de las presuntas irregularidades cometidas en su sector, que incluyen cuestionadas designaciones en SUTRAN y los cuadros técnicos del MTC. También sobre su intención, hasta ahora no concretada, de reemplazar a María Jara al frente de la ATU.
Allí está la fugaz presidenta de SUTRAN, Doris Violeta Alzamora Chamorro, de las más experimentadas de la materia en el equipo de Silva, que debió renunciar luego de airearse sus problemas por hurtos en tiendas; y Samuel Daza Taype, director general de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era hombre de los taxistas colectiveros y se vendía frente a estos transportistas como próximo ministro. Y que también acaba de renunciar. Quedan otros como Luz Angélica Apolinario Llanco, que gerenció unos baños turcos. No sabe nada de transporte, pero sí filosofa sobre la libertad de expresión: “Los canales de televisión y prensa escrita manipulan a las mentes débiles. Eso pasó con los nazis”, alertó por Facebook el 8 de agosto de este año. Es radical reciente, ya que estuvo inscrita en Somos Perú y Alianza Para el Progreso.
Silva tampoco tiene ninguna experiencia que acredite estar al frente de un ministerio tan importante. Ha sido director durante 20 años de un colegio en Puente Piedra, lo que explica su designación por la vinculación con un sector del magisterio. Presenta denuncias por violencia familiar y tiene desde el 2014 una papeleta con una deuda por S/ 4,300 por prestar servicio de transporte sin autorización. Es decir, el ministro del sector era colectivero informal.
Silva figura como gerente en la empresa de transporte terrestre Seas Perú S.A.C., que no registra ninguna flota en SUNARP ni tampoco tampoco aparece en la relación de empresas de transporte autorizadas por la ATU o la SUTRAN.
Todo indica que es el hombre llamado a materializar las promesas del actual presidente Pedro Castillo: “desactivar” (fue el término que utilizó) la ATU y la SUTRAN, además de una amnistía general de papeletas.
El 6 de setiembre último, en lugar de convocar a los gremios de transporte urbano más significativos de Lima y Callao, con los que la ATU coordina hace un año, el ministro inició su gestión con la convocatoria a la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, representada y liderada por Geovani Diez Villegas (UGTRANM). Pero los gremios de transporte urbano que allí participan son solamente la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) y la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú (ATSUPER).
El 15 de setiembre, por gestiones del congresista de Perú Libre Edgar Tello, el ministro Silva se reunió en las instalaciones del MTC únicamente con una amplia comitiva de ANITRA, liderada por los dirigentes Martín Valeriano y David Mujica. Por cierto, Tello, que es un líder de la FENATEP y cercano colaborador de Castillo en su actividad sindical, es también titular de la Comisión de Transportes y el 22 de octubre realizó una audiencia con los transportistas.
Si bien Silva nunca recibió a María Jara de la ATU para que le explique su plan de trabajo, el MTC le solicitó a esta autoridad priorizar los pedidos de la Empresa de Transportes Luis Banchero Rossi, que es el único miembro del gremio ATSUPER.
El 22 de setiembre Silva sostuvo una reunión de trabajo con todos los representantes de los ocho miembros de transporte convencional, y se incluyó por decisión del MTC a la UGTRANM. También fueron convocadas Jara y la entonces superintendenta de SUTRAN.
El 15 de octubre se realizó otra reunión de carácter multimodal en el MTC, donde participó la UGTRANM, pero no se convocaron a los representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao. Cuatro días más tarde, en ATU, se reunió el equipo técnico de la institución y los 8 gremios de transporte convencional para mapear y retomar las mesas técnicas lideradas por esta. El 27 de octubre se realizó otra reunión con los mismos participantes, pero a la que se sumó ATSUPER, uno de los protegidos del ministro Silva. Se trató: 1) la validación de las propuestas de ATU sobre estabilidad jurídica (autorizaciones por 5 años con condiciones de permanencia que las empresas deben cumplir gradualmente para asegurar un nivel mínimo de calidad de servicio); 2) la necesidad de que los operadores brinden su información para generar una propuesta de refinanciamiento de sus deudas por compra de vehículos; y 3) una propuesta de descuentos a las papeletas.
Una semana más tarde, el 3 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones del MTC otra reunión en los que, además del ministro Silva, participaron los titulares del MIDIS, Dina Boluarte, y MINJUS, Aníbal Torres, con un grupo de dirigentes gremiales de transporte convencional (ASETRACA, ANITRA, CONECSA y la Cámara de Transporte Urbano), además de los ahora poderosos UGTRANM, que convocaron al paro indefinido para el 8 de noviembre.
A pesar de lo que la cantidad de siglas pueda hacer pensar, el grupo que amenaza con los paros comprende menos del 20% del universo total de las empresas de Lima y Callao. Lo que se llama “transporte convencional” es en realidad aquel que defiende las prácticas informales y el modelo comisionista-afiliador, aquel por el cual los “dueños” de las rutas reciben unidades “afiliadas” de transporte, en la perpetuación de un modelo caótico que hace años no da para más.
Son los “transportistas convencionales” aquellos que sabotean la reforma para un Sistema Integrado de Transporte (SIT).
Fue entonces que Silva les comunicó, para disuadirlos, de la remoción de Jara. Además, firmó un acta en la que se compromete a brindarles autorizaciones por 10 años. Precisamente, la reforma que impulsa la ATU implica progresivamente las concesiones de rutas con empresas que son 100% dueñas de sus flotas, también con las que cuentan con buses eléctricos y asegurando la eliminación de la competencia informal.
Más allá de las críticas que se puedan hacer a la ATU hasta ahora, eso de “no se ha hecho nada” es precisamente lo que buscan los barones del transporte convencional. Que el ministro les ofreciera la cabeza de su autoridad justificaría, de por sí, una censura.
