El Instituto de Estudios Social Cristiano, emitió un pronunciamiento en el que lamenta las 55 muertes y la cantidad de heridos generados en las protestas contra el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, y señaló que estos decesos deben investigarse y, de comprobarse el uso desproporcionado de la fuerza, debe sancionarse.
En esa línea, expresaron su respeto a los ciudadanos que marchan pacíficamente y buscan fines “legítimos”, sin embargo, cuestionan pedidos inconstitucionales como el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como el cuestionamiento a la sucesión constitucional.
Por otro lado, manifestaron su reconocimiento a las autoridades en su defensa del Estado de derecho y la libertad, con respeto a los derechos humanos y la normativa vigente sobre el uso legal de la fuerza.
“Todos los peruanos tienen derecho a que el Estado proteja su libertad, su trabajo, sus bienes y sus medios de vida, no siendo aceptable que una minoría pretenda coartarlos o ponerlos en peligro”, aseveran.
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Asimismo, consideran que las reformas sociales y económicas necesarias para el país, pueden desarrollare respetando la Constitución, la democracia y el Estado de derecho, ya que sacrificar estos elementos conduciría “a una dictadura totalitaria como lo acreditan diversas experiencias en América Latina y en el mundo”.
Por ello, llamaron al diálogo a los actores políticos, a fin de garantizar la institucionalidad democrática, las elecciones generales y el salvaguarde de la integridad de todos los peruanos y apuntaron a que el Acuerdo Nacional, las instancias religiosas y las personalidades respetadas podrían mediar para conseguir estos objetivos.
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