Tras permanecer en la clandestinidad por casi dos años, el asesino confeso del apu y líder indígena cacataibo, Arbildo Meléndez; Rabel Ibarra Córdova fue retenido por personal que conforma la Guardia Indígena.
Su detención se produjo la tarde del lunes 10 de enero, cuando Ibarra Córdova agrediera a un adulto mayor de 65 años de edad, miembro de la comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Federación Nativa de Comunidades Cacataibos (FENACOCA) confirmó la retención del presunto homicida que cuenta con una orden de detención por el crimen de Arbildo Meléndez Grandes, ocurrido a inicios de la pandemia de la pandemia del Covid-19, el 12 de abril de 2020.
FENACOCA solicita ahora la pronta llegada de las autoridades policiales a la comunidad de Santa Marta, a fin de que procedan con el traslado de Ibarra Córdova a prisión. Sin embargo, advirtieron también que si el Gobierno no procede como “debe de ser”, aplicarán la “justicia indígena cacataibo”. “Solicitamos al Estado peruano actuar con mucho respeto por Arbildo Meléndez, quien dejó a cuatro menores que hoy están en abandono y que hasta el momento no tienen justicia”, señaló uno de los representantes.
Crimen de Arbildo
Como se sabe el pasado 12 de abril de 2020, el cuerpo de Arbildo Meléndez fue encontrado sin vida en medio de la espesura del bosque con un impacto de bala en el cuerpo, tiempo después de que saliera de su comunidad en búsqueda de provisiones para su familia.
En ese entonces, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) informó a través de un pronunciamiento que el implicado identificado como Rabel Ibarra Córdova, auxilió al apu y avisó a la comunidad; sin embargo, luego habría confesado ser el autor material del crimen.
El líder indígena era el jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu del pueblo amazónico Cacataibo, que promovía la titulación de tierras con la finalidad de contrarrestar las invasiones promovidas por mafias vinculadas al tráfico territorial y tala ilegal.
Como se recuerda desde 1995 venía exigiendo la titulación del territorio ancestral de su comunidad Unipacuyacu. Por lo que Meléndez Grandes recibía constantes amenazas de muerte. Sin embargo, las autoridades del Gobierno regional de Huánuco y la Dirección regional de Agricultura de Huánuco nunca atendieron esta demanda, pasando casi 30 años de gestión territorial.
