El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N° 1603, el cual permitirá agilizar las acciones frente a casos de desaparición de personas en nuestro país, en el marco de la delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana otorgadas por el Congreso de la República.
Entre los principales cambios, destaca el uso de herramientas tecnológicas como la geolocalización, que será ejecutada a través de la unidad especializada policial, cuando constituya un medio necesario para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
Las empresas operadoras de telefonía móvil estarán obligadas a proporcionar el listado de los números telefónicos entrantes y salientes vinculados a casos de desaparición. Estos datos deberán contener los nombres y apellidos de los titulares, con el objetivo de identificar a las personas que tomaron contacto por última vez con la víctima.
También se incorpora el principio de inmediatez en el caso de desaparecidos, lo cual compromete a la institución policial, y otras competentes, a ejecutar sin dilaciones todas las acciones necesarias para la atención de la denuncia, difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas desaparecidas.
Siguiendo esta normativa, se establece la alerta Amber como reemplazo de Alerta de Emergencia, como un mecanismo idóneo e inmediato para la investigación y búsqueda en casos de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de alto riesgo.
Asimismo, establece disposiciones para que las entidades intercambien información con las bases de datos de la Policía Nacional, a través de la interoperabilidad, con la finalidad de obtener información inmediata que permita ubicar lo más pronto posible a una persona denunciada como desaparecida.
En la norma se contempla la participación de los gobiernos locales a fin de coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas, para lo cual se contará con el apoyo del personal de los servicios de serenazgo, así como la facilitación de las imágenes de sus cámaras de videovigilancia a la PNP.
Finalmente, se incorpora información más precisa en la denuncia realizada ante la Policía Nacional respecto a personas en situación de vulnerabilidad como la discapacidad y la lengua originaria. Esta medida permitirá tener datos relevantes durante el proceso de investigación y búsqueda.
