La Fiscalía acusó al ex presidente Alberto Fujimori y a sus ex ministros de salud de haber obtenido beneficios económicos de su estrategia de planificación familiar mediante métodos anticonceptivos quirúrgicos como la esterilización. Este plan tenía como fin controlar el crecimiento poblacional para lograr mejoras económicas, sin embargo, la forzosa intervención quirúrgica para esterilización constituye una violación a los derechos humanos.
El fiscal Pablo César Espinoza Vásquez expuso frente al juez Rafael Martín Martínez que el ex presidente se habría beneficiado de la política de esterilizaciones forzadas y se le responsabiliza de las lesiones graves y muertes de las mujeres víctimas de estos procedimientos. La acusación incluye a los ex ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es congresista electo de Fuerza Popular.
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La exposición del fiscal incluyó la mención de la muerte de María Mamerita Mestanza Chávez, quien era una mujer indígena cajamarquina de 33 años y madre 7 hijos. Fue víctima de una ligadura de trompas forzada, bajo amenaza de ser enviada a prisión. Lamentablemente, la falta de atención médica postoperatoria le generó una infección y falleció el el 4 de abril de 1998. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se identificaron 2.074 víctimas.
Las victimas solicitaron que la audiencia sea transmitida públicamente, y se coordinó una interprete quechuahablante para las víctimas que hablan dicha lengua.
