En el documento de trabajo “La Evaluación Docente”, escrito por el ex ministro de Educación Ricardo Cuenca y editado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en setiembre de 2020, se apunta que “en el año 2014 se inició la tercera y actual fase de implementación de una política de evaluación docente en la que, a diferencia de las etapas anteriores, las evaluaciones se han realizado con poca conflictividad y con un alto grado de participación de los maestros”.
Son avances significativos en lo que es, por cierto, un sistema complejo.
De ahí que el sentido de las preocupantes declaraciones del nuevo ministro del sector, Carlos Gallardo, deba ser aclarado.
Gallardo señaló que “hay puntos que deben cuestionarse” en la Ley General de Educación, pues “hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados”, pero sin embargo el ejercicio de la docencia “ya los califica” y deberían estar nombrados. “Sin embargo, se les hace pasar por la vía crucis de la zozobra, de la incertidumbre de si van a trabajar o no van a tener trabajo este año”.
El ministro anunció que el objetivo es que los que han sido “jalados” diez veces pasen a tener una plaza: “vamos a avanzar con una disposición al respecto, que estas evaluaciones que se repiten año tras año, que para quienes han pasado la decena de evaluaciones ya sean nombrados”, anunció.
Todo indica que Gallardo se refiere a los maestros “contratados”, a los que se les renueva ese contrato cada año y no tienen una plaza fija, de “nombrados” en la carrera magisterial.
Ha sido un largo camino y ahora se corre el riesgo de desandarlo.
Entrevistado por CARETAS, Cuenca calcula que esos docentes contratados son un poco menos de 90 mil, lo que equivale a cerca del 35% del total de profesores en el sistema.
“Una ley meritocrática como la de la carrera magisterial no puede sostenerse con un número tan alto de docentes contratados”, advierte Cuenca. “Debería estar alrededor del 10% o 12%”.
A esos maestros se refiere Gallardo. Aquellos que no han podido entrar en la carrera porque no pasan los concursos de nombramiento.
Cuenca explica en el documento que “los docentes que no logren superar la primera evaluación extraordinaria -para obtener su nombramiento, su plaza- participarán nuevamente del Programa de Desarrollo de Personas (PDP) y pasarán a la segunda evaluación extraordinaria. Si el docente aprueba, queda habilitado para presentarse a concursos de ascenso. Por otro lado, el docente que desaprueba no pierde el nombramiento, algo que solo sucede cuando no pasa tres evaluaciones consecutivas y luego de participar en dos periodos de capacitación de seis meses cada uno”.
En el mencionado texto, Cuenca adjunta un cuadro con las evaluaciones de los últimos años. En el caso de los concursos de nombramiento, en los años 2015, 2017 y 2018 se presentaron respectivamente 192.397, 208.026 y 194.556 docentes. Aprobó una minoría de entre el 4% y 5% de postulantes: 8137 (2015), 10.932 (2017) y 10.120 (2018).
Para el 2020, según los datos oficiales, había alrededor de 240 mil maestros que pasaron sus evaluaciones y tenían una plaza. ¿El ministro Gallardo pretende que esos que no pasan repetidamente los exámenes mínimos, es decir los de ingreso al sistema, entren como sea a la carrera?
Durante su gestión en el gobierno de transición, Cuenca apostó por acompañar a los profesores que no pasaban con capacitación y formación, para que puedan aprobar en la siguiente oportunidad.
“El punto de partida del ministro Gallardo es correcto”, responde Cuenca en el sentido del gran porcentaje de profesores contratados. “Pero no puedes relajar la evaluación. No le bajes la dificultad, más bien acompaña a los profes”.
La pretensión inicial del exministro Juan Cadillo era hacer las evaluaciones de ingreso más fáciles y la de su sucesor Gallardo parece ser las de eliminarlas. De saque, chau a la meritocracia.
La carrera magisterial tiene otros aspectos delicados, como la situación de los llamados interinos -que no cuentan con título-, y la evaluación obligatoria de desempeño cada 5 años a los maestros nombrados, a la que también se opuso a rajatabla el actual presidente Pedro Castillo durante la huelga de 2017.
Castillo sacó a Cadillo, un docente reconocido internacionalmente, y puso a Gallardo, miembro del Fenate, el sindicato que el actual mandatario lideró y cuya inscripción fue de inmediato legalizada por el renunciado ex ministro de Trabajo Iber Maraví.
La reforma de la carrera magisterial, un consenso al que se arribó en el país tras mucho esfuerzo para mejorar el deficiente estado de la educación peruana, ahora corre el riesgo de ser debilitada. Alumnos mejor educados son el objetivo del sistema. No los intereses de un sector acotado y específico de maestros.
