La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, destacó la importancia del principio de separación de poderes y el rol que cumple la institución que dirige como poder “bisagra”, el cual compensa el equilibrio entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, para garantizar la gobernabilidad democrática.
“Ello no implica en forma alguna avasallamiento de uno sobre el otro, sino el cumplimiento del mandato constitucional que se nos ha otorgado”, expresó durante el acto central por el Día del Juez y la Jueza, realizada en Palacio de Justicia, adonde asistieron autoridades de las instituciones del Estado.
Por ello, reafirmó, que en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales no existe espacio que esté exento de control constitucional.
INDEPENDENCIA
“La independencia e imparcialidad de los jueces y juezas son garantías insustituibles que la justicia le debe a la ciudadanía, cada juez responde por sus decisiones, no corresponde a la Presidencia del Poder Judicial intervenir en estas”, indicó.
“Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias tan difíciles que aún estamos atravesando como Nación para responder con el Derecho, frente a los designios de quienes creen que el poder o la fuerza pueden prevalecer en un Estado Constitucional”, refirió.
Indicó que la designación de un juez supremo en el Jurado Nacional de Elecciones está regulada en la Constitución, y aclaró que ni la Presidencia ni la Sala Plena de la Corte Suprema tienen competencia para su remoción.
Recordó que es imprescindible construir una institucionalidad sólida en un contexto de colaboración, interacción y respeto; por ello, dijo, se ha pronunciado de manera reiterada para la convocatoria del Consejo de Estado y del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, y vislumbrar soluciones prácticas y compromisos comunes para una salida estratégica ante la creciente incertidumbre social y política.
CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Advirtió, además, que es el momento de enfrentar con firmeza a la corrupción y terminar con la impunidad.
“La impunidad es un elemento distorsionador de la correcta administración de justicia, afecta nuestra legitimidad. La corrupción ha calado profundamente en las instituciones y es el momento de enfrentarla sin temor, con firmeza y severidad”, anotó.
Resaltó que, en este contexto, se requiere tender puentes y diseñar líneas estratégicas basadas en el consenso para construir una verdadera República, con la ciudadanía comprometida, apelando al diálogo para superar la crisis y enfrentar los problemas estructurales.
Añadió, que es imprescindible construir una institucionalidad sólida en un contexto de colaboración, interacción y respeto, donde la competencia que ejerce cada uno de los poderes del Estado, se lleve a cabo en un marco constitucional.
JUECES CON ÉTICA
Indicó que la ciudadanía requiere de jueces probos e íntegros, que sean verdaderos adalides de los derechos fundamentales de la persona, que actúen con ética, racionalidad y espiritualidad, que no se desentiendan de la sociedad y de sus necesidades de justicia.
“(Se necesitan) jueces independientes que defiendan el Estado Constitucional de Derecho y resuelvan los conflictos jurídicos en base, no solo a la aplicación de la ley, sino con un compromiso ético que destierre la inseguridad jurídica, el desánimo”, acotó.
En tal sentido, sostuvo, que la transformación digital emprendida en la institución brinda nuevas herramientas para reducir la insatisfacción y la desconfianza, pues propicia la reducción de plazos, agiliza los procesos y reduce la corrupción, con ahorro de recursos, haciendo del Poder Judicial una institución más eficaz e inclusiva.
PROYECTO DE LEY
La autoridad judicial aprovechó la ocasión para entregar a la presidenta del Congreso, Lady Camones, el proyecto de ley para realizar los estudios de una nueva escala remunerativa para los servidores judiciales y, con ella, nivelar la remuneración de más de 3500 trabajadores CAS que perciben S/1350. Esta iniciativa también fue entregada en la anterior legislatura.
Al acto protocolar asistieron diversas autoridades, entre ellas, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas; la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano; el presidente de la Junta Nacional de Justicia, José Ávila Herrera; el ministro del Interior, Willy Huerta Oliva; el ministro de Justicia, Félix Chero Medina; la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich Luna; el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, entre otras autoridades.
