Cuando en marzo del año 2020 se tomó la decisión de no abrir el año escolar ante la crisis de la COVID-19, nada hizo presagiar sus consecuencias profundamente complicadas para el sistema educativo peruano. Hoy, casi 24 meses después, somos uno de los últimos países en el mundo que mantiene a la enorme mayoría de su población escolar sin acceder a clases presenciales.
De acuerdo con un seguimiento que realiza UNICEF en la región, el Perú solo alcanzaba a tener un 12 % de estudiantes gozando de este privilegio, mientras que Colombia llega a 71.1%, Chile 52%, Paraguay 46%, Bolivia 73% o Argentina con un 94% de escuelas abiertas, casi todas desde inicio del año escolar 2021.
Además de empeorar problemas estructurales de nuestra educación, como es el caso de la desigualdad en los aprendizajes, la inequidad en la generación de oportunidades y la falta de calidad educativa para todos; esta decisión ha empobrecido perniciosamente los aprendizajes: el concepto acuñado por el Banco Mundial que se refiere a la incapacidad de un ser humano, hasta antes de los 10 años, de leer y comprender lo que se lee.
No solo se ahondaron las brechas previamente existentes, sino que se ha añadido el agravante de abrirlas por dos años de manera uniforme y sin miramientos a generaciones enteras de estudian tes en nuestro país. Un panorama desolador que no solamente es producto de la COVID-19, sino también responsabilidad de los tomadores de decisiones.
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¿Cuál ha sido la diferencia entre Perú y Colombia? A inicios del 2021, el presidente Iván Duque dio la indicación que se iban a abrir las aulas y que más bien la excepción sería cerrarlas. De esta forma impulsó que la educación se abra en todo el país.
¿Estaban las condiciones dadas que sostengan dicha decisión? No en todos los casos. ¿Tenían posibilidad de enfrentar una tercera ola? Claro, Colombia no tenía ni mucho menos a toda su población vacunada. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La voluntad política de hacer prevalecer un derecho humano, como lo es el derecho a la educación de los ciudadanos.
Según análisis desarrollados por Patrick Wieghardt, científico de datos y ex miembro del equipo científico de procesamiento de información para la apertura de las actividades en nuestro país en medio de la pandemia, las condiciones para la apertura de clases en nuestro país se dieron a mediados de junio de este año. Hemos perdido seis meses que podrían haber paliado en algo los efectos de mantener la educación cerrada a cal y canto como se encuentra ahora.
En el Perú el derecho fundamental a la educación viene siendo conculcado y pisoteado sin ambages. ¿Pero que viene haciendo la actual administración liderada por un maestro? Las autoridades encabezadas por el ministro Carlos Gallardo no tienen planes claros, programas declarados, planificaciones desarrolladas al mínimo detalle, ni un listado de acciones concertadas y concretas que nos conduzcan o nos permitan tener la tranquilidad que al menos el compromiso del presidente Castillo, de abrir el 100% de educación presencial en el Perú, se vaya a cumplir en marzo del 2022. La opacidad y desidia con la cual se vienen manejando los asuntos públicos alrededor de la vuelta a clases son ominosos.
Es demasiado tarde para poder echar a andar las correas de funcionamiento del sector educación como para llegar con mejor pie el próximo año. Hay que recordar aquí que es el sector con mayor presencia en todo el territorio nacional, el más complejo para asegurar el servicio y el que enfrenta el reto de asegurar que algo más de 105,000 servicios educativos en todo el país logren abrir sus puertas.
Todas las señales que vemos en el horizonte nos llevan a la dirección de que el tan esperado inicio del año escolar 2022 va a demorarse, va a ser desordenado y va a haber mucha improvisación de por medio. Al final del día el pagador de esa factura, de nuevo, serán el estudiante y sus aprendizajes.
EL FACTOR DOCENTE
Sin los docentes es práctica mente imposible abrir las aulas. El problema es que hay una pugna de poder muy fuerte por el corazón del magisterio nacional. Por un lado, el SUTEP y de otro el FENATEP, gremio recientemente aprobado en el Ministerio de Trabajo por un ex – ministro quien a la sazón era uno de los miembros fundadores de dicho gremio en la región Ayacucho.
Esta situación se vio profundamente agravada producto de la filtración de cuadernillos de la Prueba Única Nacional (PUN), que es la primera etapa del proceso de evaluación docente conducente a la entrada a la Carrera Pública Magisterial. En noviembre de este año, en un hecho inédito desde que se viene aplicando la prueba desde el año 2015, se tuvo esta brecha de seguridad y el examen (escrito) terminó en manos de un gran grupo (aún por definir por parte de las investigaciones) de profesores postulantes al menos dos días antes de la fecha de evaluación. Este escandaloso hecho le ha significado al ministro Gallardo encontrarse en un proceso de interpelación en el Congreso de la República.
Lo cierto es que, desde un punto de vista real, la evaluación docente, una pieza clave en la reforma magisterial en curso desde el año 2013, se ha visto seriamente herida y golpeada por una gestión ministerial que desde su primera (y hasta ahora única conferencia de prensa) se manifestó al declarar que “…estas evaluaciones que se repiten, año tras año, para quienes han pasado las decenas de evaluaciones, (estos profesores) ya sean nombrados. Vamos a trabajar en ese sentido”. El mismo titular del sector impu saba nombramientos sin evaluación, posición abiertamente contraria a la aplicación de la ley.
En la otra vereda está la opinión de los docentes de a pie respecto de regresar a clases. Según una encuesta realizada por el propio Ministerio de Educación entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020 la disposición de regresar a clases presenciales o semi-presenciales llegó al 76.9 %.
Y al respecto de la disposición general de los docentes respecto a la evaluación docente, si esta fuera contraria como dijo el ministro, entonces cómo sería posible que en este último concurso para el nombramiento se presentaran 250,000 postulantes. Es muy difícil creer que todos esos docentes no creen o apuestan por la evaluación como un mecanismo aceptado para acceder a trabajar con nuestros niños, niñas y adolescentes.
Nos adentramos en un escenario de muchísimo desconcierto e incertidumbre. Con un sector golpeado y minimizado que viene de tener en estos primeros cuatro meses de gobierno dos ministros (y contando por la expectativa de la moción de censura en ciernes), con una enorme orfandad de visión y de liderazgo, a su vez que profundamente debilitado en su capacidad de gestión para enfrentar el gigantesco reto del regreso a clases. Nunca como hoy la promesa de la educación, esa promesa republicana, en el año de nuestro bicentenario se ha visto tan cuestionada, tan debilitada, tan puesta en la picota. Y todo ello en el marco del gobierno de un maestro.
* Especialista en política y cambio educativo
