Una situación llama la atención en San Isidro, sobre todo por ser el tramo final de la gestión municipal, cuando los presupuestos terminan de ser ejecutados y las empresas que contratan con los distritos también cierran sus ejercicios anuales.
Por interferir en los actos de gestión de ese municipio, el responsable del Órgano de Control Institucional de este municipio fue denunciado ante la Contraloría General de la República. Pero lo insólito es que el funcionario respondió a su vez, iniciando una acción de control contra quien lo denunció, en un presunto conflicto de intereses que va en contra de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
Cecilia Loayza Pinedo es la Gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de la Municipalidad de San Isidro, responsable de la ejecución del Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes de uso público de este municipio.
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Loayza expresó su disconformidad con la actuación del jefe del OCI de esta comuna, Cesar Javier Cesías López, quien inició acciones de control posterior y simultáneo en el servicio de mantenimiento de áreas verdes de uso público en este distrito, haciendo requerimientos y propuestas de acciones correctivas que obstaculizan la ejecución del servicio originando un retraso en la terminación de las obras.
Es decir, un control concurrente que a la vez paraliza el mantenimiento de las áreas verdes de San Isidro.
Según la denuncia, el jefe de la OCI elaboró un informe en el cual advirtió un total de “nueve situaciones que podrían afectar la ejecución del contrato”. Una de las situaciones fue “la inexistencia de un foco en el cuarto de máquinas donde operan los responsables del mantenimiento de las áreas verdes”.
Como era de esperar, esta observación fue desestimada por los operarios por tratarse de un ambiente con suficiente luz natural y en el que se puede trabajar con linternas de ser el caso. La denunciante desestimó el informe del jefe de la OCI por no contar con el respaldo de criterios técnicos especializados.
Otra irregularidad anotada es el inicio de una actividad de control posterior en un contrato que está en plena ejecución y dentro de los plazos establecidos en los Términos de Referencia.
La funcionaria denunciante sostiene que, en el desarrollo del control, el personal del Sistema Nacional de Control está impedido de participar en los actos de gestión de las entidades, así como emitir opiniones o apreciaciones sobre los mismos antes de los servicios de control.
Ahora la Contraloría debe evaluar la conducta del jefe de OCI de San Isidro, con la finalidad de determinar su responsabilidad en los hechos denunciados y por el presunto uso del cargo, incurriendo en un notorio conflicto de intereses.
