«La única protección que tengo es una patrulla de la Policía que pasa por mi casa pero no tengo garantías en caso llegue presencialmente a agredirme a mi y mi familia», cuenta Antonella Huapaya Casaretto a CARETAS con miedo y preocupación porque es amenazada de muerte por su expareja, Álvaro José Freitas Villarroel, venezolano residente en Braga, Portugal. El hostigamiento lo inició de manera virtual y, luego, pasó a extorsionarla desde redes sociales. Las amenazas calaron a un nivel mortal mientras que el proceso de protección es lento e incierto.
«Me escribió desde una cuenta falsa de Instagram. Ahí subía contenido privado», agrega Huapaya sobre como el sujeto comenzó a compartir imágenes intimas. Los ataques comenzaron entre marzo y abril de este año; explica que el problema nació porque Freitas exige 170 euros de devolución por regalos durante la relación. ¿Es el costo de infundir miedo? ¿De acosar y amenazar con la muerte? ¿Hay que esperar que las cifras de feminicidios sigan sumando para actuar como sociedad y las instituciones?.
La Defensoría del Pueblo informó que en el 2020 hubieron 132 feminicidios, 204 tentativas, de las cuales 110 se perpetraron en el estado de emergencia y 37 durante la inmovilización social obligatoria a nivel nacional. Adicionalmente a ello, se produjeron 50 muertes violentas de mujeres que aún no han sido esclarecidas.
AMENAZAS CONSTANTES
Huapaya, recibió apoyo del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y también acudió a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri) donde se le aceptó la denuncia como «extorsión» aunque, según precisa, debió ser recibida como «sextorsión o chantaje sexual». «Me dijeron que no toman esos temas, a pesar de que les mostré imágenes de los correos anónimos, las amenazas siguen constantes y sube contenido en redes sociales», sostiene.
«Las amenazas de muerte empezaron y se hizo pasar por un miembro de mi trabajo para que vaya a la sede principal, dijo que me iba a esperar alguien incluso. Exigió que le comparta contenido privado, sino iba a viralizar los anteriores por redes sociales», afirma. El caso evidencia las limitaciones institucionales para tratar la violencia de género contra la mujer. A pesar de aprobarse la Ley Nº 31155, el contexto actual marca una interrogante sobre la misma. ¿Cómo está el problema del acoso virtual a nivel nacional?
CIBERACOSO
«Luego de bloquearlo, me escribió de un correo que estaba vinculado a la cuenta falsa de Instagram donde me mencionaba como Dama de Compañía y subía contenido sin mi consentimiento», detalla. Fueron un total de siete correo con contenido difamatorio y exponiendo una imagen de Huapaya irreal. En tanto, los días pasan y Antonella sigue soportando el acoso, las amenazas y el miedo. ¿Cómo está funcionando la principal plataforma virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre estos casos?.
Según el último informe sobre la página No al Acoso Virtual, realizado por la organización Hiperderecho, entre febrero 2018 y junio 2020, se registran 2580 casos denunciados por víctimas como por informantes. El 63% de las personas que acosan han sido identificadas como hombres y 30% como mujeres; el 51% de personas que acosaron fueron identificadas como desconocidas, en referencia a violencia mediante cuentas anónimos.
Dilmar Valencia, coordinador legal en Hiperderecho, menciona que existe un problema con la aplicación del Decreto Legislativo 1410 que incorpora estos delitos en el Código Penal. «La principal deficiencia es con el delito de difusión de imágenes sin consentimiento. Es un problema ya que el decreto es la única norma en el Perú que sanciona la violencia digital», detalla. Incluso muestra que el mayor tipo de acoso registrado desde febrero 2018 hasta junio 2020, fue el hostigamiento (80%).
LIMITACIONES LEGALES
Durante la entrevista, Huapaya recuerda el día que intentó interponer la denuncia: «Esa vez me llamaron al CEM y el viernes 16 de abril trataron de ayudar con un abogado. Fui a la Dirincri y sentí que me peloteaban porque dijeron que ellos no ven amenazas de muerte y fue delante de un oficial que recibí otro correo electrónico donde me manda la supuesta conversación con un sicario». Entonces ¿Cuál es el panorama institucional para resolver los acoso cibernéticos? ¿Por qué los procesos son lentos o considerados poco relevantes?
En respuesta a las consignas, Dilmar menciona a CARETAS que el principal problema con las denuncias es que la Policía y la Fiscalía de la Nación los considera de acción privada y no pública. «Ellos no son competentes para investigar este delito, sólo actúan en acción pública. Cuando es privado por delito de difamación se debe presentar una querella y el/la agraviada/o debe realizar la investigación por su cuenta».
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Diana Miloslavich Tupac, Coordinadora del Programa de Participación Política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, señala que el contexto actual refleja que «la vida de las mujeres en nuestro país no es una prioridad, ni están priorizadas en las agendas del Gobierno». A pesar de pequeños avances legislativos, explica que la situación se debe priorizar ahora y para el próximo Gobierno. CARETAS intentó comunicarse con la Comisionada de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer del Ministerio del Interior (Mininter), María Pía Molero, sin éxito.
AGENDA-FEMINISTA-LEGISLATIVA-1«La relación se torno incomoda porque había violencia psicológica en ceder. Con cuentas anónimas había insultos y presión para que yo accediera a ciertos tratos sin mi consentimientos. Me amenazada si no lo hacía», declara Antonella. Por otro lado, existe otro rol fundamental para dar cuestionamientos sobre la relevancia en casos de violencia de género contra la mujer: el comportamiento ciudadano.
EL ROL CIUDADANO
«El subía en cuentas falsas los teléfonos personales míos, mi correo electrónico, le compartía esto a mis allegados, compañeros, familiares. Hubo un domingo que vinieron personas a mi casa a preguntar que habían pactado citas conmigo por Instagram, con un tipo de encuentro», sostiene Antonella mientras ordenaba los mensajes impresos en hojas. Aseguró que la insistencia de él es porque exige devolución de regalos porque «no merezco nada». La pandemia ha llevado al encierro y una masificación de fogueo virtual en cuanto a opiniones tanto sexistas como discriminatorias.
¿Cuál es el rol ciudadano actual? «Hay una violencia generalizada en el tema del acoso. Se debe tener medidas de protección concretas para las mujeres», declara Miloslavich frente al caso de Antonella. Sin embargo, a pesar de la legislación publicada el 7 de abril en Diario el Peruano menciona que es «es impensable construir un nuevo país si persisten altas miradas discriminadoras, resolver el problema tiene que ser prioridad porque existen varios que siguen en observación pero la relevancia que dan es limitada».
ROL INSTITUCIONAL
¿Cómo afecta el acoso constante a la salud mental e integridad sexual? Jessenia Casani, socióloga de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer enfatiza que el escaso enfoque de género empleado es causa de «una misma práctica machista de superioridad en la violencia sexual que es persistente. Consideran que no hay violencia donde hay violencia». Agrega que las instituciones deben emplear protocolos concretos para resolver las denuncias de acoso.
Casani remarca que el caso de Antonella no debe ser minimizado, pero que las autoridades lo toman como tal. Frente a la búsqueda de enfoque de género -y con decretos legislativo presentes- cuestiona el escaso papel de la policía en las investigaciones de acoso virtual. «Muestran prejuicios de prácticas machistas al no respetar los reglamentos. Esto afecta la salud mental de las agraviadas porque no tienen confianza de hacer denuncias. La labor estatal debe mejorar para una respuesta efectiva de cara al próximo Gobierno», critica.
IGUALDAD DE GÉNERO
La situación de Antonella refleja el dilema vigente sobre cómo enfrentar la violencia de género, ahora en el mundo digital. «Ha sido capaz de involucrar a mi papá que ya falleció por la pandemia. Dice que no importa si salgo a la prensa porque yo le robé y le estafé, lo lastimé, me dijo que no me dejará tranquila hasta que pague el ¿daño?», finaliza Antonella mientras muestra chats de amenazas que incluye a su familia.
La reacción debe ser equitativa y frente a las actitudes en todos los frentes, con el fin de evitar más muertes y menos ciberacoso. Plantear los cambios socio-culturales de igualdad de derechos en la compleja distorsión digital actual es el reto.
