La Defensoría del Pueblo señala que es “imperativo” el retorno a la presencialidad en las aulas universitarias para garantizar adecuadamente las condiciones básicas de calidad universitaria.
“El cierre de universidades e institutos afecta la formación profesional de miles de jóvenes, su competitividad y salud emocional, así como las posibilidades de realizar producción académica y científica, aspecto consustancial a la existencia de las universidades”, señala en un comunicado.
Por ello, la Defensora del Pueblo considera que la situación sanitaria actual exige que se garantice de manera efectiva la reapertura de universidades e institutos y la educación presencial, pues esta permite el desarrollo educativo con las condiciones básicas de calidad universitaria, como por ejemplo el acceso a bibliotecas laboratorios, desarrollo de prácticas, entre otros.
Según esta institución, en 2020 la tasa de interrupción de estudios en pregrado fue de 18.1% a nivel nacional, mientras que en 2019 la tasa fue de 6.2%. En febrero de 2022, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó el retorno a la modalidad presencial y/o semipresencial en las universidades públicas y privadas, así como las escuelas de posgrado.
Ante ello, la Defensoría ha recomendado al Minedu que se adopte un nuevo marco normativo que acelere la reapertura de universidades e institutos de educación superior. A su vez, pide la obligatoriedad de la prestación del servicio educativo presencial y que solamente de manera excepcional y debidamente justificada se brinde educación semipresencial y a distancia.
