La Defensoría del Pueblo (DP) solicitó al Congreso de la República que no apruebe la insistencia de la Ley 697 y otras, que disponen la reconformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La iniciativa del presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina (Renovación Popular), incorpora a representantes de las casas de estudio públicas y privadas y establece que el superintendente será electo por este consejo y no designado por el Ministerio de Educación, como dispone la normativa vigente.
La DP sostiene que la autógrafa observada por el Ejecutivo tiene disposiciones que contravienen sentencia del Tribunal Constitucional. Una de estas determinaciones del máximo intérprete de la carta política fue que “la autonomía universitaria no implica una autarquía”, sino que ella debe ejercerse en el marco de la Constitución y la ley”.
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Esto quiere decir que el Estado puede regular legalmente la autonomía universitaria, siempre que las limitaciones no sean desproporcionadas o carentes de razonabilidad.
La norma que el Parlamento pretende aprobar por insistencia fue calificada como una “Asamblea Nacional de Rectores 2.0” por la vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, y diversos especialistas. En esa línea, la DP expresó su preocupación por un regreso a un sistema similar al de la ANR, pese a que el TC señaló que “la existencia de un sistema en el que las decisiones del futuro de las universidades derivan del propio círculo universitario, crea una tendencia a la falta de objetividad”.
