La Contraloría General de la República a través del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas resolvió inhabilitar hasta con dos años de trabajar en el Estado a tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ate, al haberse comprobado que favorecieron a un postor en una licitación para que obtenga la concesión en una obra de pistas y veredas en el distrito de Ate. La obra adjudicada de manera irregular ascendió a más de S/ 7 millones.
El fallo se encuentra vinculado a los hechos revelados en el Informe de Control Específico N° 006-2022-2-2150-SCE, emitido en agosto del 2022 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Ate, que identifica a los integrantes del comité de selección (presidente y dos miembros) de dicho gobierno local, como presuntos responsables de la comisión del delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido en el cargo; así como de responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
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De acuerdo al informe de control, los funcionarios incluyeron y aprobaron requisitos de calificación contrarios a la normativa de contrataciones con la finalidad de favorecer al único postor, conllevando a la suscripción de un contrato por S/ 7 311 335 para ejecutar el servicio de movilidad urbana con pistas y veredas en la avenida Jaime Zubieta, en el tramo comprendido próximo a la Carretera Central.
Entre los requisitos adicionales incluidos para acreditar la experiencia del postor se encuentran: Demolición de carpeta asfáltica, seguridad de obra y/o salud, afirmado de pistas, carpeta asfáltica caliente, muros de contención de concreto, veredas de concretos, sardineles sumergidos y peraltados de concreto, piso de adoquín, áreas verdes y mitigación de impacto ambiental, entre otros.
Los mencionados funcionarios elaboraron las bases del procedimiento de selección que fueron aprobadas por el Gerente de Administración y Finanzas, incluyendo los “requisitos de calificación adicionales”, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, requisitos no establecidos por el Ministerio de Vivienda, con lo cual se otorgó la buena pro al único postor.
Además, validaron un documento presentado por el postor de una entidad bancaria no supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) para la acreditación de la solvencia económica.
Estas irregularidades limitaron que la municipalidad cuenta con una pluralidad de postores que presenten mejores propuestas; además de afectar la imparcialidad de la función pública, la veracidad de los actos administrativos y la eficiencia de la contratación pública en detrimento de la entidad y de la comunidad del distrito de Ate.
