La vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, presentó un proyecto de ley que tiene por objeto garantizar que las autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos no estén involucrados en actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Es así que se propone que los ciudadanos que hayan sido condenadas en primera instancia o tengan procesos vigentes por cometer actos de violencia contra la población ya mencionada estén impedidos de asumir cargos públicos o desarrollar las funciones de la presidencia y vicepresidencias de la República; congresistas, funcionarios y asesores del servicio parlamentario; así como parlamentarios andinos.
También contempla a los ministros y viceministros de Estado, prefectos y subprefectos; presidente y miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; jueces supremos y superiores; jueces especializados, mixtos y de paz letrados titulares, provisionales y supernumerarios.
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Asimismo, el Fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República; los Gobernadores y Vice gobernadores regionales, Alcaldes, miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en actividad, así como el presidente y miembros de los directorios de las empresas del Estado y los embajadores o jefes de Misiones Diplomáticas, también son alcanzados por esta norma.
Los ciudadanos que asuman estas funciones, propone la norma, deberán presentar una declaración jurada de idoneidad que consigne el testimonio del funcionario en cuestión.
Los candidatos a cargos de elección popular o a puestos de función pública, deberán presentar esta declaración jurada.
Finalmente, se plantea que las autoridades, candidatos y servidores públicos que cuenten con sentencia o proceso vigente por violencia contra la mujer luego de haber presentado dicha declaración jurada, sea separado del cargo.
