El congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular), presentó un proyecto de ley que pretende permitir que las personas privadas de su libertad, que se encuentren procesados y no sentenciados, puedan votar en las elecciones generales, municipales y regionales.
Así, mediante una modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones, se establecería que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilite mesas de sufragio en establecimientos penitenciarios o en locales que se consideren convenientes.
Además, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) deberán coordinar para que los reclusos que no estén sentenciados voten en los penales mientras que las personas internadas en establecimientos de salud o con discapacidad física severa, puedan votar en centros de salud o en sus casas.
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La iniciativa legislativa propone que se implemente de manera gradual y progresiva el voto postal “siempre que el servicio garantice el secreto del voto y su recepción idónea y oportuna por la autoridad electoral”.
De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 30, 984 internos no tendrían sentencia. La exposición de motivos sostiene que, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, estas personas estarían facultadas a votar. Agregan que la incapacidad absoluta o relativa contemplada por el Código Civil no alcanza a los reclusos sin sentencia firme.