La Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) presentó el pasado 3 de enero el recurso de elevación al superior contra el archivo de la denuncia por violación sexual en contra Daniel Urresti en agravio de Ysabel Rodríguez Chipana, testigo del caso Hugo Bustíos, en el que también se acusa al precandidato a la alcaldía de Lima.
Cabe señalar que la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho decidió archivar la acusación definitivamente el 23 de diciembre del 2021.
También consta la denuncia por lesiones graves el también testigo del caso Hugo Bustíos, Jesús Gálvez, quien en febrero de 2021 habría sido hostigado en su casa luego de que se emitiera un reportaje de Cuarto Poder en el que evidenciaban que presuntos allegados al “capitán Arturo” quisieron comprar los silencios de los demás testigos en el caso del asesinato del periodista de CARETAS.
LEE | Pedro Castillo y los 79 cajamarquinos más buscados por la Policía Nacional del Perú
Como se recuerda, el argumento de la Fiscalía para archivar la denuncia fue que la declaración de Rodríguez Chipana “no se había corroborado periféricamente”, pese a que pobladores de Huanta confirmaron haber sido detenidos el 26 de setiembre de 1988 en el cuartel de Castropampa, lugar donde sucedieron los hechos denunciados por Rodríguez y Gálvez.
Es necesario recordar que Gálvez declaró haber oído los gritos de Ysabel Rodríguez pidiendo auxilio al ser ultrajada, sin embargo, su testimonio no fue tomado en cuenta porque no vio los hechos acusados. Al respecto, la abogada de la Comisedh, Dania Coz, recordó que el campesino estuvo vendado de los ojos y las manos, además de que lo colocaron en el suelo, mirando al piso.
Asimismo, pusieron en tela de juicio la declaración de Rodríguez Chipana quien dijo que al momento de ser detenida, tenía a su bebé de un año en brazos, debido a que la partida de nacimiento de su hijo data de un año después de la detención, sin embargo, la defensa demostró a la Fiscalía que se trató de un error en la fecha de inscripción, presentando la historia clínica de la víctima, que evidencia que dio a luz en 1987, es decir un año antes de la detención.
