Erre con erre. Esta semana, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) informó del inicio (en realidad un nuevo inicio) para la contratación del servicio de operación y mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Según señalaron, se procedió con la publicación de los Términos de Referencia e indicaron que el se realiza en el marco del Decreto Legislativo N° 1509 “que autoriza la contratación de la prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones”.
Pero el problema es que el proceso anterior fue suspendido en enero último por sospechas de direccionamiento en favor del consorcio Gilat-Optical Networks. La historia puede leerse aquí:
El consorcio, por cierto, ha negado que exista ese direccionamiento.
Por su parte, la exviceministra Fabiola Caballero, que puso en evidencia el presunto tinglado de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró explícitamente en febrero:
“Detuve un proceso en Pronatel que pretendía sin mucha transparencia otorgar el mantenimiento de la red dorsal de fibra óptica favoreciendo a una empresa. Es así, que no se adjudicó dicho contrato. Recomendé al director ejecutivo de Pronatel que la propia institución asumiera la ejecución de su mantenimiento de manera temporal y que revisara el modelo de la red dorsal tal como se había llevado en los últimos años. Mi capacidad técnica me indicó que no debíamos sacar adelante dicho proceso, ni dicho contrato, y actuar con absoluta transparencia en los procesos de contrataciones. El resultado fue la destitución, sin mi conocimiento, del director ejecutivo de Pronatel que había defendido la transparencia del proceso”.
Luego se dieron a conocer chats entre Caballero y el exministro Juan Silva, en los que el primero calificaba de “ruido” advertencias sobre la materia como las que publicó CARETAS, y que se siguiera adelante con el proceso. Caballero no se amilanó.
Hasta ahora, la Red Dorsal es un elefante blanco. A pesar de tener toda la infraestructura operativa, de acuerdo con un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su uso solo llega al 3.2% de su capacidad. El Estado, que debería tener internet gratuito y potente en todas sus instalaciones, desperdicia una capacidad semejante.
Como consecuencia, en julio último rescindió el contrato con Azteca Comunicaciones del Perú S.A.C., de origen mexicano, que tenía la titularidad desde el 2014. La política tarifaria fija ha resultado de poco atractivo para captar clientes y así poner la red a funcionar.
Lo peor es que estuvo mal planteado desde el principio, pues se supone que la Red es un proyecto de Asociación Público-Privada (APP), pero el Estado es el dueño y pagó toda la inversión de la construcción, y ahora la operación y el mantenimiento. Durante los 5 años de operación y mantenimiento, el Estado ha pagado alrededor de US$132.7 millones adicionales a los US$170.8 millones de la construcción. Hasta ahora, esa plata se ha ido al agua. Aun cuando el Estado de acuerdo con la Ley 29904 tiene una reserva de capacidad para su uso exclusivo, que puede ser empleada como medio de transporte para conectar hospitales, colegios, comisarías y en general cualquier entidad pública; pues esta no se usa.
Si por lo menos la inversión hubiera garantizado el internet para el aparato público, pero durante este tiempo el Estado ha pagado casi US$450 millones por el servicio.
Es importante remarcar que Caballero encargó un modelo de tres escenarios para encontrar cuál era el menos deficitario para el Estado. Y la conclusión fue que le menciona, que Pronatel asumiera la ejecución del mantenimiento de manera temporal para así revisar el modelo que hasta ahora ha fracasado.
Ahora se insiste con licitar sin cambiar el modelo. Todo indica que la urgencia es licitar en lugar de antes corregir. Ante el peligro de ser censurado, el exministro Juan Silva fue reemplazado por Nicolás Bustamante, secretario general de la gestión de Silva involucrado en los procesos cuestionados
El director de Pronatel que fue relevado por no acceder a seguir con el proceso fue Jorge Túpac Yupanqui, que además declaró que en una reunión en la casa del exministro conoció a Fermín Silva, el chotano que es dueño de la clínica La Luz y a quien el exministro presentó como su primo. Fermín Silva habría tenido una especial influencia en impulsar al mencionado consorcio.
La historia no termina aquí. Túpac Yupanqui fue reemplazado por Roberto Daniel Lizárraga. Pero todo indica que puso objeciones a la licitación pues ya circula una resolución que lo reemplaza por Luis Enrique Amoroz, quien ya fuera director de Pronatel durante el gobierno de Martín Vizcarra. En Contraloría General de la República fue recabada la denuncia FY.2022.0004075 por supuestos favorecimientos a Gilat durante la gestión de Amoroz.
